Cómo un incesante caos político destruyó el milagro económico peruano

El intento de golpe del entonces presidente Pedro Castillo se produjo en un momento en que la nación sudamericana ya era vulnerable a años de caos político que habían comenzado a eclipsar su potencial como potencia minera y agrícola.

Ahora, bajo la presidencia de Dina Boluarte, está sumido en la recesión más dura en dos décadas, excluyendo la pandemia. Todas sus ramas de gobierno están en crisis y los expertos están haciendo sonar las alarmas no sólo sobre su economía, sino también sobre la salud de sus instituciones democráticas.

La nación está buscando formas de hacer que su gobierno sea más estable después de pasar por siete presidentes en ocho años. Pero no ha encontrado una solución, y los inversores lo saben. La confianza empresarial está cerca de mínimos históricos y reactivar una economía que alguna vez tuvo un rápido crecimiento será un desafío. Para un país que promedió un crecimiento del 4.8% durante casi 20 años consecutivos este siglo, ahora se espera que su economía se contraiga un 0.6% en 2023.

“A veces se subestiman los costos ocultos de la inestabilidad política, pero en la práctica son muy importantes”, dijo Alex Contreras, ministro de Economía y Finanzas de Perú, a Bloomberg en una entrevista la semana pasada. “Creo que lo que necesitamos es restablecer el equilibrio entre los diferentes poderes del gobierno”, añadió, refiriéndose al sistema político único de Perú, donde el Congreso puede despedir fácilmente al presidente.

Todo esto sirve como advertencia en un mundo donde la política se ha vuelto cada vez más polarizada. La experiencia de Perú muestra que la volatilidad política tiene un costo real, incluso para los más vulnerables. Los niveles de pobreza en Perú son del 27.5% de la población, tan altos como en 2011, deshaciendo más de una década de crecimiento que se suponía sacaría a la gente de la pobreza. Es más, el gobierno reconoce que volverá a subir este año. El desempleo también está aumentando debido a la recesión.

Boluarte y el Congreso enfrentan índices de aprobación de un solo dígito. Los fiscales alegan que su propio fiscal general conspiró con los legisladores para intercambiar votos a cambio de impunidad. Los principales jueces de Perú están desafiando los compromisos del país con las organizaciones internacionales. Decenas de personas murieron en protestas antigubernamentales durante el gobierno de Boluarte, pero nadie ha sido acusado por sus muertes.

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“Nuestra democracia es ahora como un cadáver ambulante, pero no tiene sangre ni pulso”, dijo Denisse Rodríguez-Olivari, politóloga peruana del Instituto Universitario Europeo en Italia. “Parece que vivimos en una democracia, parece que todo está bien, pero no lo está”.

La economía del país sólo pudo superar sus problemas políticos durante un tiempo gracias a la estabilidad de su banco central y su Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene un déficit manejable, una deuda baja y no tiene necesidades de liquidez inmediatas. Lo que hunde al país son, en general, sus interminables crisis políticas.

Una encuesta del banco central muestra hasta qué punto ese sentimiento se ha arraigado. En octubre, preguntó a los propietarios de empresas qué factores limitaban más el crecimiento. Las dos respuestas principales (inestabilidad política y malestar social) simplemente no existían la última vez que el banco publicó la misma encuesta en 2015.

La fuga de capitales

La clase empresarial de Perú ha acogido a Boluarte, quien inicialmente fue elegida vicepresidente en 2021 bajo el gobierno de Castillo. Según una encuesta, sólo el 1% de los directores ejecutivos peruanos aprobó el liderazgo de Castillo, pero el 79% aprobó a Boluarte.

Esos resultados se reflejan en las encuestas nacionales, donde los índices de aprobación de Boluarte entre los ricos son más del doble que entre los pobres. La errática campaña de Castillo para la presidencia se centró en levantar a los pobres. Si bien no ayudó a su causa, Boluarte se ha posicionado más cerca de la élite de las pequeñas empresas.

Las muertes al comienzo de su presidencia todavía pesan sobre su popularidad y sus perspectivas postpresidenciales. Perú es conocido por encarcelar a más expresidentes que cualquier otro país del mundo (el propio Castillo está en prisión por su fallida toma de poder) y Boluarte ha sido recientemente objeto de una denuncia constitucional que la acusa de ser responsable de “homicidio” de las vidas perdidas.

Castillo era popular exactamente donde Boluarte no lo es. Los casi 50 ciudadanos que murieron en las protestas bajo el gobierno de Boluarte procedían en su abrumadora mayoría de entornos rurales y pobres que probablemente hubieran apoyado a Castillo, alienando significativamente a ese sector de la población. La región más pobre de Perú, Puno, sufrió la mayoría de las muertes, y Boluarte no ha visitado la región ni una sola vez durante su presidencia.

Aun así, cuando Boluarte asumió el cargo en 2022, parte del daño económico ya estaba en marcha.

El partido marxista-leninista de Castillo asustó tanto a las élites del país que desencadenó la mayor fuga de capitales en la historia del Perú (US$ 17,000 millones) en 2021. Desde entonces, se han producido episodios similares de fuga de capitales en Chile y Colombia.

Y al final de la presidencia de Castillo, la inversión privada había comenzado a caer y la confianza empresarial era tan baja como ahora. Su gobierno fue tan caótico que llegó a nombrar un nuevo ministro cada seis días. Si bien los temores de un giro a la izquierda radical y una reescritura de la constitución resultaron ser exagerados, ya que nunca se implementaron, simplemente agravaron las preocupaciones entre los inversores que ya estaban nerviosos a raíz de la pandemia.

Esa confianza en la economía nunca se recuperó. La fuga de capitales se reanudó de nuevo: US$ 1,900 millones abandonaron el país en el tercer trimestre de este año, según datos del banco central. Esa es la cantidad más alta en más de un año.

Salvar las apariencias

En público, los líderes empresariales han tratado de ser optimistas sobre la economía del Perú.

El mes pasado, los grupos industriales más grandes del país organizaron una conferencia centrada en promover la confianza en la economía y el compromiso de volver al crecimiento económico.

En la conferencia, el principal diputado de Boluarte, Alberto Otarola, culpó a Castillo de las dificultades económicas y prometió un rápido cambio de rumbo bajo una administración favorable a las empresas.

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“Tenemos tres años para gobernar conjuntamente”, dijo a los presentes, en referencia al tiempo que le queda al mandato de Boluarte.

Los líderes empresariales ciertamente consideran a Boluarte una mejora respecto a Castillo.

“Soy optimista, creo que la tormenta ya pasó y fue una tormenta muy grande”, dijo a Bloomberg Luis Enrique Romero, presidente de Credicorp Ltd. Credicorp, propietario del banco más grande de Perú, advirtió que se está preparando para una mayor morosidad en los préstamos debido a la débil economía y las inminentes lluvias provocadas por El Niño. Pero una vez que esto termine, Romero dice que el país debería volver al crecimiento.

“Los nubarrones que se avecinan están relacionados con El Niño”, dijo Romero.

Contreras, el ministro de Finanzas, señaló lo que considera algunos aspectos positivos. Por ejemplo, el Congreso aprobó preliminarmente agregar una cámara del Senado y permitir la reelección de legisladores, lo que podría limitar la volatilidad política si se confirma. Otra nota positiva es tácita, dijo, porque Boluarte no va a presionar para volver a redactar la constitución, una preocupación clave durante el gobierno de Castillo que nunca se puso en marcha.

Baja confianza

A pesar de todo el optimismo público, los indicadores económicos y los comentarios privados apuntan a una perspectiva diferente.

La economía del Perú se ha contraído durante cinco meses consecutivos, la inversión privada se ha desplomado durante cuatro trimestres consecutivos y el empleo ha comenzado a caer. Es más, los ingresos fiscales están siendo significativamente inferiores a las expectativas, ampliando el déficit fiscal.

La calificación crediticia de Perú con Fitch Ratings y S&P Global Ratings se mantiene dos escalones por encima de basura, pero su perspectiva ha sido negativa durante más de un año. Según Moody’s Investor Service, está tres niveles por encima de la basura y su perspectiva ha sido negativa durante casi un año.

“Con las agencias calificadoras, sí, los indicadores de gobernabilidad han jugado en nuestra contra”, afirmó Contreras.

La confianza empresarial, medida por el banco central, enfrenta su racha negativa más larga en más de una década.

Las acciones y los bonos del país están a la zaga del repunte general del mercado este año. El índice bursátil de referencia ha subido sólo un 5.4%, en comparación con un aumento promedio del 15% en toda América Latina. Y el rendimiento del 6.4% generado por sus bonos denominados en dólares está por detrás del rendimiento promedio del 10.7% de la deuda gubernamental latinoamericana, según un índice de Bloomberg.

El titular del MEF apuesta a que la economía pueda crecer el próximo año un 3%, un objetivo prácticamente inalcanzable incluso si se beneficia de una base de comparación baja este año.

Pero hay un problema mayor a la vista: los economistas no creen que Perú pueda seguir creciendo a un ritmo rápido. Un organismo de control fiscal estima su PBI potencial en un 2.6% anual y Contreras estima un 3%. Ninguno de los dos es suficiente para restaurar la preeminencia del Perú entre las principales economías de América Latina o generar muchos cambios en su estado actual.

“Lo que estamos tratando de hacer es revertir este bajo crecimiento potencial”, afirmó Contreras.