La Comisión Permanente aprobó, con 21 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, el texto sustitutorio del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 11923/2024-PE, Ley que aprueba crédito suplementario en el presupuesto público.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Lady Camones Soriano (APP), señaló que los 642 millones 700 mil soles de crédito suplementario no son solo una cifra; por el contrario, representa la oportunidad de llevar esperanza, infraestructura y justicia social a los departamentos más necesitados del país.
Seguidamente, mencionó que con los recursos aprobados se podrán financiar 1,015 obras de infraestructura crítica a lo largo del territorio, como puentes, caminos, agua potable, escuelas, sistemas de riego, entre otros.
Asimismo, Camones Soriano destacó que no se están comprometiendo nuevos impuestos, pues se está financiando con saldos disponibles de las operaciones oficiales de crédito.
“Lo más importante, se ha garantizado la continuidad de todos estos proyectos mediante el artículo 14 del dictamen, asegurando que no se queden a mitad de camino como lamentablemente ha ocurrido tantas veces en nuestro país”, resaltó.
Añadió que el nuevo texto introduce una serie de disposiciones para el fortalecimiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; lucha contra la inseguridad y recursos para el sistema judicial, dotación de agua para ollas comunes, entre otros.
Destacó que el nuevo texto sustitutorio ha sido consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Fragmento del proyecto de ley N° 11923. Fuente: Congreso de la República
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La presidenta de la Comisión de Presupuesto manifestó que el crédito suplementario, incluye 191 millones 600 mil soles desde la reserva de contingencia para fortalecer frentes urgentes como la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, la atención de niños en situación de orfandad, protegiendo las familias y derechos.
Además, se autorizan modificaciones presupuestarias por 155 millones 200 mil soles a favor de los sectores justicia, ambiente y desarrollo e inclusión social.
Se incluyen disposiciones de carácter laboral como la habilitación para el pago de laudos arbitrales, autorización a gobiernos regionales para cumplir pactos colectivos, actualización de escala remunerativas para los trabajadores del régimen 728 del Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Se destinan, también, 140 millones de soles al Ministerio del Interior que permitirán incorporar más de 4 mil 500 nuevos policías reforzando la presencia del Estado en las calles protegiendo a la ciudadanía.
“El proyecto contempla medidas para mejorar el sistema penitenciario, el sistema de infraestructura vial, mantenimiento de cocinas escolares y almacenes, la promoción del turismo nacional, actividades que no solo benefician a la economía local, sino que generan empleo y cohesión social”, enfatizó Camones Soriano.
Los pedidos durante el debate
La congresista Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País) solicitó la modificación de una disposición complementaria final de la Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017 (referido a la creación del Fondo de Invalidez y Protección de los Bomberos Voluntarios del Perú), a fin de que los bomberos voluntarios puedan acceder al fondo de invalidez sin generar gasto al Estado.
Mientras, la parlamentaria Ana Zegarra Saboya (SP) pidió declarar de interés nacional la evaluación, priorización y ejecución de proyectos de inversión orientados al cierre de brechas de transitabilidad, agua, saneamiento, infraestructura educativa y municipal en los departamentos de Junín, Pasco, Huancavelica, Lima y Cajamarca.
A su vez, el legislador Alejandro Soto Reyes (APP) solicitó la incorporación de la creación de la unidad ejecutora del programa alimentario escolar PAE en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ante la posible extinción del actual programa Wasi Mikuna el 31 de diciembre.
Por su parte, el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco (FP) pidió se exonere a la Junta Nacional de Justicia para que pueda utilizar sus recursos propios para que pueda cumplir los concursos de selección y nombramiento de jueces y fiscales.
