Con 15 votos a favor y seis abstenciones, la Comisión de Economía del Congreso dio luz verde al dictamen que modifica la ley que creó la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), con el objetivo de fortalecer sus competencias y mejorar la calidad de la inversión pública.
El proyecto de ley busca ampliar el rol de la ANIN para que, además de formular, ejecutar, mejorar o conservar obras de infraestructura de defensa civil estratégica -como ya lo permite la ley-, también pueda identificar inversiones en infraestructura estratégica.
Esto responde a la necesidad de prevenir inundaciones y otros peligros vinculados al cambio climático o calamidades públicas y coordinar su identificación con los tres niveles de gobierno.
Asimismo, la iniciativa precisa que la ANIN está facultada a suscribir contratos de fideicomiso “en el marco de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional a su cargo”.
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Las disposiciones complementarias del proyecto declaran de necesidad pública e interés nacional los proyectos o programas de inversión a cargo de la ANIN y autorizan la contratación de seguros para los activos estratégicos por hasta cuatro años, siempre que así lo establezca el convenio con el gobierno nacional, regional o local.
Además, se permitiría que la ANIN ejecute componentes de obra en los proyectos de inversión mediante delegación.
¿Qué dijo el Gobierno?
A través de un informe remitido en junio de 2025, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) advirtió que la iniciativa “no es viable”.
Según indicaron, el proyecto de ley aborda materias de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y podría provocar una sobreposición de funciones con la rectoría sectorial de la PCM en la gestión del riesgo de desastres, afectando al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
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