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Por amplia mayoría, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República decidió no aprobar los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo para poner a la consideración del parlamento la cuenta general correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019.
El proyecto de ley (PL) 4684-2019-PE aborda el ejercicio fiscal 2018 y no fue aprobado por el parlamento nacional, debido a su disolución, por su parte el proyecto de ley 5998/2020-PE trata sobre la cuenta del 2019 y tiene la particularidad de que no se completaron las auditorías por la actual emergencia sanitaria.
El primer dictamen hace un exhaustivo análisis de lo que significa este instrumento económico financiero y realiza una serie de recomendaciones a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, a la Contraloría General de la República y al Poder Ejecutivo.
Concluye que la calificación de los informes de auditoría del 2018 es como sigue: con salvedades para los estados financieros, con salvedades para los estados presupuestarios, sin salvedades para el estado de tesorería, sin salvedades para el estado de la Deuda Pública.
El dictamen informa, además, que esta es una realidad persistente desde el 2011, salvo en el 2014 y el 2019 en que hubo abstención de opinión para los estados financieros.
De este modo, el dictamen sugiere a la autoridad de Contabilidad Pública que evalúe y analice la presentación del Marco Legal del Presupuesto de Ingresos y Gastos, así como del Estado de Programación y Ejecución de Ingresos y Gastos, en forma separada, tanto para las entidades de los tres niveles de gobierno como para las empresas del Estado y otras entidades.
A la Contraloría le propone evaluar y promover acciones de control respecto a las causales que dieron origen al incumplimiento de las entidades sobre la presentación de la información para la Cuenta General, así como la comunicación de su resultado a la Comisión Revisora del Congreso de la República.
Al Poder Ejecutivo le pide que estudie y evalúe la verdadera necesidad de programar y autorizar transferencias de partidas presupuestarias con cargo a la reserva de contingencia, a efecto de autorizar un monto de reserva solamente para gastos urgentes e imprevistos.
-2019-
El predictamen del PL 5998/2020-PE establece que de un universo de 2503 entidades, 73 de ellas quedaron en la situación de omisas a la integración de la Cuenta General de la República, de estas 43 son sociedades de beneficencia que pertenecen al gobierno nacional; 3, mancomunidades municipales pertenecientes a gobiernos locales; 27 corresponden a empresas públicas, de las cuales 7 son empresas operativas, 12 no operativas y 8 en proceso de liquidación.
Concluye que los dictámenes a los estados financieros y estados presupuestarios de la Cuenta General de la República expresan abstención de opinión, debido a que las auditorías financieras y presupuestarias que se realizaron tuvieron retrasos en su ejecución y emisión de informes por las medidas sanitarias que dispuso el Gobierno por la pandemia.
Por todo ello, la Comisión Revisora advirtió que, al no conocer la información financiera y presupuestaria, no es confiable y fidedigna a los registros contables de la Cuenta General de la República del 2019, por lo que se impide adoptar una adecuada toma de decisiones.
El solitario voto en contra de los predictamenes de la comisión perteneció al congresista Francisco Sagasti Hochhausler (PM), quien sostuvo que el porcentaje de fallas en las auditorías es menor y por ello se puede solicitar al Ejecutivo que entregue información adicional a las empresas que están en falta; además muchas de ellas son sociedades que ya no operan.
La Cuenta General de la República -cabe precisar- es un instrumento de gestión pública que contiene la información y el análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera, en la actuación de las entidades del sector público durante un ejercicio fiscal.