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Uno de los pocos hechos seguros por estos días es que la inseguridad ciudadana viene creciendo de manera significativa en el país. Para un 63% de los peruanos, la seguridad se ha deteriorado en los últimos 12 meses, reporta una encuesta de Ipsos.
Muestra de este lamentable panorama fue el frívolo asesinato, a plena luz del día y en la transitada La Victoria, de Arturo Cárdenas, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de Lima y Balneario (STCCLB), ocurrido la semana pasada. El móvil habría sido el cobro de “cupos”.
“No es que las muertes violentas estén empezando a ocurrir. Hoy llaman la atención porque se trata de un dirigente nacional. Pero contabilizando, en los 10 últimos años, se tienen 30 asesinatos de representantes de sindicatos a nivel nacional”, explicó Rubén Vargas, experto en temas de crimen organizado, en diálogo con Gestión.
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Mecánica y cifras
Vargas mencionó que estas muertes violentas están relacionadas a un control territorial y a la urbanización de estos delitos. “Hay un mayor control en las zonas urbanas. Se ha dado un ‘reacomodo’ del crimen [con bandas más peligrosas], que se plasma en secuestros, extorsiones, trata de personas, entre otros. En San Juan de Miraflores (SJM) y San Juan de Lurigancho (SJL), principalmente, está ocurriendo este reacomodo”, detalló.
Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), coincidió con esta lectura y añadió que hay un mayor “atrevimiento” ante un sistema de lucha contra la inseguridad que está fallando.
“[El cobro de cupos] ha estado más en las zonas periféricas, pero siempre ha tenido presencia en el cono urbano. Hoy sí estamos viendo un mayor atrevimiento, son más avezados”, mencionó.
Aunque indicó que se tiene una estimación que el cobro de cupos ascendería a entre 1.5% y 2% del valor total de la obra, Zapata precisó que se trata de “un número grueso” y que “es difícil de calcular” el impacto alrededor de este delito.
“El cobro, finalmente, depende del tipo de obra. Cuando una obra está fuera de la zona urbana, no se puede actuar tanto, con la celeridad. Hay zonas donde es difícil que se le brinde la protección a los ingenieros y empresarios”, apuntó.
Un actor del “sector” que brinda “seguridad” a cambio de un “pago” a proyectos en la capital explicó a Gestión que, en general, para que operen se dividen en bases y tienen entre sus reglas respetar estos límites.
“Si sale una obra en la zona A, el ‘sindicato’ de la zona B, aunque esté cerca, no puede meterse. Cuando lo hacen, es ahí que empiezan los problemas”, detalló.
El proceso, continuó, es el siguiente: “La obra calza con una base y ya cuando se ve el inicio de la obra se identifica a la persona que está al mando: usualmente los ingenieros. Los actores del ‘sindicato’ se acercan a conversar, a negociar cómo serán los pagos. Si la obra está en cierta zona, de por sí el ‘sindicato’ de esta tiene que recibir. Cuando la negociación falla, es ahí que empieza la extorsión”, dijo.
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Los pagos se hacen con frecuencia semanal, en línea con los depósitos al personal obrero. “Por ejemplo, si hay una obra y lo cuidan cinco ‘jefes del sindicato’, a cada uno, semanal, se le tiene que dar, al menos, S/1,000. Además, en la obra tienen que contratar a nuestro personal de la zona”, comentó. Sin embargo, añadió que estos cobros varían por distritos.
Otra fuente de construcción civil indicó que estos miembros de los ‘sindicatos’ que suelen ser insertados en las obras no necesariamente tienen la experiencia que se requiere. “Buscan que ingresen a la obra personas que no saben y, finalmente, generan solo retrasos”, señaló. “Los cobros son por semanas. Si la obra se retrasa o demora, no es nuestra responsabilidad”, añadió el primer “actor”.
Sin embargo, cuando se trata de grandes obras, hay mayores consideraciones, que se condicen con el factor de control territorial.
“Hay casos donde ‘los sindicatos’, los fuertes, luchan por ciertos proyectos, los grandes, aún cuando no están en su zona e, incluso, lejanos por varios distritos. A esto se deben las balaceras. Allí lo que pasa es que el ‘jefe del sindicato’ donde corresponde la obra recibe, de otros grupos que están cercanos, el pedido de apoyarlos porque van a venir de otros distritos a querer apoderarse de la obra. Tienen que defenderlo. Haces mal si quieres acaparar [la obra] solo”, explicó el “actor de un sindicato”.
Aquí también se configura un escenario de extorsión entre los mismos grupos. “Entre ellos mismos se pelean cuando no se unen”, acotó.
De otro lado, la fuente de construcción civil indicó que, fuera de Lima, este mecanismo tiene ciertas matices. “En una obra al norte de Lima, se acerca gente de la zona haciéndose pasar por un sindicato y piden colaboraciones. Que se use gente del barrio, que la mitad del personal sea local. Además de eso, se pide una cuota sindical a cada uno de los trabajadores de entre S/50 y S/100. Otra opción es que, para ahorrar todo esto, el ingeniero de la obra les da un sueldo “fantasma”. Cobran y se van”, explicó.
Estos grupos, incluso, tienen en el radar para los cobros factores estacionales. “En estas temporadas, de cara al verano, en la zona sur, se acercan a las casas de playas que están refaccionando para cobrar cupos. Es un pago para que ‘no te molesten’”, contó.
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Revisión
No hay una distinción entre si la obra es pública o privada, aunque principalmente abordan estas últimas. Vargas añadió que esto viene ocurriendo, incluso, con las construcciones domésticas. “En SJL pagan cupo hasta por levantar un segundo piso”, apuntó.
A su turno, Zapata indicó que uno de los problemas alrededor del cobro de cupos -además- es el excesivo número de sindicatos. “Hay muchos sindicatos con poca gente, no son representativos. Con la excusa de brindar seguridad, cobran cupos. Pero un sindicato no puede tener solo una base distrital y hay muchos así”, sostuvo.
A partir de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) indicó que el número de víctimas por secuestro y extorsión, en el 2023, fue de 45,412, un incremento de casi 80% respecto al año previo.
Este mayor “atrevimiento” en el cobro de cupos ocurre cuando el rubro está en su proceso de recuperación luego de que cayó en 2023. En junio, se contrajo en más de 2%, luego de mostrar dos crecimientos continuos.
Andrés Valqui, analista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que el sector está conformado por el consumo interno de cemento, vinculado a la inversión privada, y al avance físico de obras (inversión pública).
“El crecimiento del sector construcción estuvo sostenido, principalmente, por el avance físico de obras. Creció en todos los meses del primer semestre. Pero, en enero y abril, también contribuyó el avance del consumo interno de cemento”, anotó Valqui.
Para Zapata, de Capeco, aunque el sector no haya concretado su recuperación, observó que continuarán siendo víctimas de este delito ante la falta de medidas gubernamentales.
Medidas para la lucha
Además de una normalización ante esta actividad delictiva, Vargas señaló que hay un “control fáctico” de la actividad económica relacionada a la construcción en diversas zonas urbanas. “Hay una fuerza fáctica que se impone y [los negocios] están sometidos a estas reglas cotidianas, precisamente ante la ausencia de las autoridades”, precisó.
Para este año, Perú Seguro 2025, la unidad ejecutora adscrita al Ministerio del Interior (Mininter), cuenta con un presupuesto de S/45.6 millones y un avance, a mediados de agosto, de menos del 28%. El año pasado, sus recursos ascendían a S/40.3 millones y su ejecución fue de solo 52.9%. Sus acciones están orientadas a proveer la infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeño de las entidades públicas.
Para Vargas, si bien la asignación de presupuesto es una arista importante para enfrentar este delito, los recursos y su avance no son la panacea. “Los presupuestos no condicen el resultado de esta lucha. El gran problema que tenemos ahora es el de un Gobierno que persigue a policías que enfrentan el crimen organizado. No hay una estrategia frente al crimen organizado”, refirió.
A su turno, Zapata comentó que han logrado sumar a otros importantes gremios económicos, como ADEX, SNI, CONFIEP, para fortalecer el pedido de mayores acciones al Gobierno.
“El Mininter nos ha dicho que saben de la operatividad de estos grupos. Están en los trabajos de identificación, pero tienen una queja muy grande. Señalan que la Fiscalía no está a la altura de las circunstancias por la liberación de delincuentes”, subrayó.
Zapata consideró que se ha llegado al punto en que esta situación debe ser abordada por el Consejo de Estado y a nivel multisectorial. En este contexto, indicó que, desde el Congreso de la República, por ejemplo, se debe actualizar la normativa para abordar los casos más drásticos, mientras que desde el Ejecutivo brindar mayores recursos para las comisarias y, desde los municipios, contribuir desde sus áreas de serenazgos.
Por último, Valqui advirtió que el avance de esta actividad delictiva podría ser un factor más que retrase el lento cierre de brechas de infraestructura en el país. “Hay proyectos educativos, de saneamiento, que con cobro de cupos, su dinamización podría afectar más”, subrayó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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