El Estado peruano obtuvo una victoria procesal en el arbitraje internacional por la Línea 2 del Metro de Lima. El Comité ad hoc de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) decidió mantener la suspensión de la ejecución del laudo arbitral emitido en el Caso CIADI N.º ARB/17/3, que otorgaba más de US$ 200 millones al concesionario Metro de Lima Línea 2 S.A.
La resolución, publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), rechaza de manera íntegra los pedidos del concesionario para levantar la suspensión o exigir una garantía financiera al Perú. Con ello, se confirma la posición del Estado, que inició en marzo de este año un procedimiento para anular el laudo por considerar que las indemnizaciones fueron concedidas sin sustento jurídico ni técnico.
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Comité respalda actuación del Estado
En su decisión, el Comité reconoció la buena fe y solidez técnica mostrada por el Estado peruano durante el proceso. Destacó que la solicitud de anulación no tiene carácter dilatorio y que el país ha actuado de manera seria y responsable en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Asimismo, advirtió que levantar la suspensión podría generar perjuicios sustanciales para el Perú y afectar la coherencia institucional del propio sistema CIADI, dado que el laudo se encuentra simultáneamente bajo un procedimiento de revisión paralelo.
El Comité también rechazó el pedido del concesionario para imponer una garantía financiera al Estado, argumentando que no existe riesgo de pago y que el Perú mantiene solvencia y confiabilidad suficientes.
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Para el Gobierno peruano, esta resolución representa un paso clave en su estrategia legal respecto al Laudo Metro de Lima. Mantener la suspensión de la ejecución evita pagos inmediatos por más de US$ 200 millones y preserva la seguridad jurídica mientras avanza el proceso de anulación.
El MEF recordó que el Estado, a través de la Comisión Especial y su Secretaría Técnica, con el acompañamiento del estudio internacional Squire Patton Boggs, continuará desplegando todas las acciones necesarias para obtener la anulación definitiva del laudo.
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“El Gobierno del Perú reafirma su compromiso de actuar con firmeza, profesionalismo y responsabilidad institucional para proteger el interés nacional, garantizar la correcta aplicación del derecho y salvaguardar los recursos públicos de todos los peruanos”, señaló la cartera.
El MEF y el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI) señalaron que informarán oportunamente sobre los avances del procedimiento conforme a las etapas establecidas por el CIADI.
