A consecuencia del desarrollo del puerto de Chancay, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) estima que la población del distrito que albergará este proyecto se triplicará hacia 2034. Lo anterior implica un gran reto desde el sector público por promover infraestructura que sostenga ese crecimiento poblacional de forma ordenada.
Al respecto, Gestión conversó en Buenos Aires, Argentina, con la arquitecta peruana Patricia Llosa, quien formó parte del jurado de los Premios ADUS, una ceremonia organizada por la multinacional francesa Saint-Gobain para reconocer proyectos sostenibles en toda América Latina.
Para la académica, proyectos como el puerto de Chancay son una gran oportunidad para que el Estado peruano impulse un desarrollo arquitectónico en el distrito ordenado y no “sobre la marcha”, como ha ocurrido en capitales latinoamericanas, incluyendo Lima Metropolitana.
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Gran oportunidad
“Proyectos como ese, que inyectarán una cantidad de inversión al Perú y la región y traerá gente experta de muchos campos, son positivos. Hay que ver cómo ordenar ese crecimiento. Un proyecto de ese tipo debe ser un ejemplo de cómo transformar una ciudad, no solo a nivel económico, sino en espacios públicos y calidad de vida”, sostuvo.
En ese sentido recalcó la importancia de que todas las obras que allí se desarrollen se liciten bajo concursos públicos de arquitectura. Esta es una modalidad especial contemplada en la Ley de Contrataciones Públicas desde el 2018.
A partir de ello, se busca escoger la propuesta de proyecto que no sea la más barata, como se acostumbra en inversión pública, sino la que demuestre mayor calidad arquitectónica para su desarrollo. Según Llosa, esto es clave porque garantiza, a largo plazo, menores costos para el Estado.
“Cuando no esta bien pensado u orientado un edificio, no se vuelve habitable. Entonces, debes colocar más sistemas que le siguen costando al Estado, por ejemplo, ventilación, aire acondicionado, una serie de cosas para ir parchando un mal proyecto”, explicó.
La arquitecta, que estuvo a cargo de proyectos reconocidos a nivel internacional como el Museo de Sitio de Pachacámac, recordó que los concursos públicos de arquitectura se eliminaron en los noventa con la visión de “agilizar” el cierre de la brecha de infraestructura, objetivo que claramente no se logró hasta ahora.
“Antes de los noventa, podías ver edificios públicos de muy buen nivel, como ocurre en las ciudades más importantes del mundo. Luego de eso, desapareció la calidad arquitectónica como uno de los criterios con puntaje. Lo único que valía era cuál era el más barato”, cuestionó.
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Nueva ley lo contempla
No fue hasta 2018 que la Ley de Contrataciones del Estado volvió a considerar a la calidad arquitectónica como uno de los criterios para asignar puntaje a un proyecto postulante. Sin embargo, se mantuvo como un factor “bonus” en la valoración, según Llosa.
Pero ahora Perú tiene una nueva Ley General de Contrataciones Públicas (LGCP), bajo la que se rigen todas las adquisiciones del Estado peruano. Esta nueva norma se aprobó el pasado 24 de junio y a mediados de septiembre, como contó Gestión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó un proyecto de reglamento para la LGCP.
El documento, según constató este diario, establece disposiciones especiales para el concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. Según señala el prereglamento, “la evaluación de ofertas técnicas considera como factor de evaluación obligatorio la propuesta arquitectónica”, durante la selección de la contratación de consultorías de obra bajo los sistemas de entrega de solo diseño o de formulación y diseño.
Así se cambia el panorama adverso que Llosa cuestionaba. Como reveló también Gestión, el MVCS ha propuesto un paquete de 30 obras públicas para acompañar la expansión urbana del distrito de Chancay, que tendría 216 mil habitantes en 10 años.
Para la arquitecta, todos estas propuestas, más otras que podrían sumarse, como las que plantea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) deberían hacerse bajo concursos públicos de arquitectura.
“Cuando pienso en un edificio que está hecho con nuestros impuestos, es decir, la plata de todos los peruanos, tenemos el derecho a exigir que el proyecto se haga de la forma más idónea. Todo lo que se haga con dinero público idealmente debería pasar por un concurso donde se valore su calidad arquitectónica”, refirió.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.
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