Chancay: Cosco aún no recibe respuesta del Estado ante eventual arbitraje

Luego de tres semanas de haber iniciado un proceso de trato directo por la controversia iniciada con la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. advierte que aún no han recibido una respuesta de parte del Poder Ejecutivo para solucionar el problema.

La empresa operadora del Puerto de Chancay recuerda que hace tres semanas notificó al Estado que inició un procedimiento, en el marco del Tratado de Libre Comercio con China, en busca de una negociación amigable, previo a un arbitraje. Esto debido a la controversia que inició cuando la APN, junto a la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), presentó una demanda para anular la exclusividad de servicios esenciales que se le otorgó a Cosco en 2021 debido a que se había cometido lo que calificaron como un “error administrativo”.

Otro problema con el Estado corresponde al aporte de regulación que presuntamente el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositrán) estaba buscando cobrar a la operadora del Puerto de Chancay, lo que implicaría imponerle condiciones regulatorias de puertos que son operados o concesionados por el Estado.

“A la fecha, 3 semanas después de notificada la comunicación para inicio del mecanismo invocado, no sólo no hemos recibido respuesta alguna de representantes del Estado, sino que funcionarios de OSITRAN mantienen públicas intervenciones con argumentación de parte, las que creemos debieran ser materia de análisis y discusión en el proceso expresamente diseñado para tal fin”, manifiestan en su comunicado.

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Con esta negociación, se buscará defender el derecho de Cosco Shipping a prestar los servicios portuarios en sus terminales, bajo la forma que fueron acordados al inicio de esta inversión, y asegurar que la infraestructura enteramente privada no quiera ser regulada como si fuera una “entidad prestadora de servicios públicos, en la que el Estado debe participar para asegurar su correcto funcionamiento.

Ante esta situación, que podría llevar al Perú a un nuevo arbitraje, Cosco pide a las autoridades del Poder Ejecutivo implementar el canal institucional de diálogo para solucionar la controversia generada.

“Creemos que esta es la prioridad que merece el futuro de un puerto que no sólo es la inversión privada en infraestructura portuaria más grande que tiene el Perú, sino que se constituye en un contribuyente e impulsor para la activación de diversas cadenas productivas que impactan en el desarrollo económico del país”, agregaron.

La empresa lamentó que, próximos a la etapa de operación en diciembre, el proyecto de US$ 1,300 millones se vea afectado por cambios en el esquema normativo, por lo que resaltaron que las inversiones requieren de condiciones de estabilidad jurídica y predictibilidad.

¿Qué dice el Estado?

Aunque el Gobierno no se ha pronunciado oficialmente, en conversación con la prensa, los ministros de Economía y de Transportes y Comunicaciones ya se han pronunciado respecto al posible arbitraje que se podría enfrentar por la controversia con Cosco Shipping.

La semana pasada el ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, adelantó que, si bien aún no responden la misiva, confía en que el Congreso de la República contribuya a evitar un nuevo arbitraje internacional.

“Nuestra idea es que dentro de poco se dé la segunda votación en el Congreso y con eso se tranquilicen los ánimos. Nosotros, como país, siempre tratamos de vender la idea de que este es un país legalmente seguro”, dijo.

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, también espera que se apruebe el proyecto en el pleno del Parlamento, que proponer una nueva ley de puertos con lo cual estaría listo para ser promulgado y se resolvería el problema de exclusividad.

“Cuando se apruebe la ley, la promulgaremos si es que se mantiene el texto que está planteado, que nos parece la verdad un muy buen texto. Luego de eso tendremos que sacar una reglamentación, pero la norma ya va estar en vigencia. Si el Gobierno chino o la empresa tiene alguna discrepancia que plantear pues es su derecho, y contestaremos obviamente en esa vía cuando se plantee”, afirmó.

Sin embargo, recientemente el pleno del Congreso votó a favor de que este dictamen se analice en la comisión de Economía, lo cual dilata aún más la posible solución a la controversia.

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