Recientemente, el Congreso de la República de Perú aprobó en primera votación una reducción gradual del Impuesto General a las Ventas (IGV) de 16% a 14% entre 2026 y 2029. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), esta medida generará un desbalance fiscal para el Gobierno Central de alrededor de S/ 8 mil millones anuales. Además, se vienen impulsando una serie de propuestas normativas con alto costo fiscal.
En ese sentido, la experiencia de Colombia en 2016 sirve para ilustrar que, de no revertir estas medidas, será inevitable un alza de impuestos para corregir el desbalance fiscal.
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El caso colombiano
En 2015, Colombia enfrentó un fuerte desbalance fiscal: los ingresos derivados del petróleo, que representaban el 52% de sus exportaciones, se redujeron a la mitad tras la fuerte caída del precio del crudo, que pasó de US$ 95 por barril en 2012 a US$ 48 en 2015.
Dado que las proyecciones apuntaban a que el precio del petróleo se mantendría en niveles bajos, el Gobierno anticipó un desfinanciamiento fiscal de casi 2% del PBI anual por los siguientes diez años.
Dado que el 40% de la recaudación de Colombia provenía del Impuesto al Valor Agregado (equivalente al IGV en el Perú), el Gobierno optó por incrementar su tasa de 16% a 19%.
Desbalance presupuestario en Perú
La reciente reducción del IGV contrasta con la creciente rigidez del gasto público. Es decir, cada vez existe más gasto que no puede ser modificado discrecionalmente en el corto plazo.
Según datos del MEF para 2024, 58% de los gastos del Gobierno Central corresponde a categorías poco flexibles, como remuneraciones (27%), pensiones (8%), el servicio de la deuda pública (18%) y parte de adquisición de bienes y servicios (5%).
Estos componentes han ganado peso en años recientes. Por ejemplo, el pago de remuneraciones pasó de representar 22% del gasto total entre 2020 y 2023 a 27% en 2024; y el servicio de deuda se incrementó desde 12% en 2021 a 18% en 2024.
El MEF prevé que estos gastos mantendrían dicha participación en 2025. Por ello, es muy improbable que la respuesta frente el desfinanciamiento ocasionado por la reducción del IGV venga por un ajuste del gasto.
Recuperar el equilibrio presupuestal requerirá, necesariamente, más impuestos, dice IPE. (Foto: Doucefleur/iStock)
Ajuste será necesario en Perú
El reciente recorte del IGV y la aprobación de otras medidas con alto costo fiscal incrementarán la presión sobre las cuentas fiscales. Recuperar el equilibrio exigirá, necesariamente, incrementar la recaudación tributaria. Similar a Colombia, en el Perú el IGV y el Impuesto a la Renta (IR) representan más de dos tercios de los ingresos tributarios.
Por un lado, el IR concentra el 40% de la recaudación en el Perú. Sin embargo, subir la tasa de IR – que ya es alta según el Banco Mundial –recaería sobre un grupo reducido de contribuyentes, y tendría efectos negativos sobre la inversión y el consumo, afectando el crecimiento económico.
En cuanto a las empresas, afectaría principalmente a aquellas que tributan en el régimen general, que son solo 200 mil pero que explican cerca del 90% de la recaudación de IR en ese grupo, en comparación con los más de 3 millones de contribuyentes en los otros regímenes empresariales.
Mas aún, según Produce, el 1% de empresas más grandes contribuye con el 87% del impuesto a la renta, por lo que la carga se concentraría solo sobre unos 19 mil principales contribuyentes. En cuanto a las personas, pese a que casi un tercio de los trabajadores son formales, solo el 12% paga IR debido a los altos umbrales.
Perspectivas a futuro para la disciplina fiscal en Perú
Previamente, el aprovechamiento de un entorno internacional favorable permitió el saneamiento de las cuentas fiscales. Entre 2005 y 2014, los altos precios del cobre (US$ 3.1 por libra, en promedio) permitieron al Estado peruano acumular superávits en seis de estos diez años, y reducir la deuda pública de 40% a 20% del PBI.
Asimismo, en dicho periodo, el Estado pudo acumular un ahorro equivalente a 4.5% del PBI en el Fondo de Estabilización Fiscal, que luego sería clave para enfrentar la pandemia. Hoy los vientos externos son más fuertes que antes, impulsando el precio del cobre por encima de los US$ 4 por libra para los siguientes años.
Sin embargo, en lugar de reducir la deuda y ahorrar, se aumenta el gasto discrecionalmente. Por ello, en abril el FMI proyectó – antes de la aprobación del Congreso de leyes con alto costo fiscal – que la deuda pública del Perú se mantendría por encima del 30% del PBI hacia 2030.
El recorte de ingresos tributarios para el Gobierno Central producto de la reducción del IGV entrará en vigor progresivamente desde 2026, cuando se disipen los ingresos extraordinarios por la regularización de IR que vienen favoreciendo a la mayor recaudación en 2025.
Además, el Congreso viene impulsando otras medidas con alto fiscal como el aumento de pensiones a maestros, beneficios laborales a los trabajadores públicos bajo régimen CAS, incentivos tributarios, entre otros. Por consiguiente, el nuevo gobierno que asumirá en 2026 enfrentará escaso margen político para impulsar reformas fiscales estructurales.
Si no se revierten estas medidas, y sin un compromiso creíble con la consolidación fiscal, el déficit fiscal emprenderá una trayectoria insostenible.
Perder la disciplina fiscal tiene consecuencias graves. El Perú ya está a solo una rebaja adicional en la calificación soberana y perder el grado de inversión. Colombia vivió este proceso en 2021 ante la acumulación constante de déficit elevados, lo que duplicó su riesgo país hasta el nivel promedio de los países emergentes.
Un escenario similar para Perú significaría un salto de su riesgo país de 159 a 308 puntos básicos, haciendo al país menos atractivo para las inversiones y encareciendo considerablemente el financiamiento para el Estado, las empresas y la ciudadanía.
En este contexto, las opciones para generar más ingresos son limitadas y necesariamente pasarán por incrementar tasas de IR o IGV, con graves consecuencias para la economía y la predictibilidad del sistema tributario. Así, corresponde exigir que la disciplina fiscal del país no se ponga en riesgo por decisiones populistas del Congreso y del Ejecutivo.
Alonso Macedo, Economista del IPE
Un reciente reporte del FMI advierte que, desde 2021, el Congreso ha aprobado leyes que erosionarán la base tributaria y costarán un equivalente de al menos 5.7% del PBI de 2024 en el mediano plazo. En un país donde la carga tributaria recae en una cantidad limitada de contribuyentes, se deberían priorizar las reformas estructurales necesarias para ampliar la base tributaria. Sin un MEF que lidere la política tributaria con criterios técnicos sólidos, el deterioro de las cuentas fiscales del Estado se volverá irreversible.
