La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) calificó de “inexplicable y lesiva” la decisión del Congreso de la República de derogar el Decreto Legislativo (DL) 1607, que buscaba frenar el avance de la minería ilegal y fortalecer el proceso de formalización minera en torno al Registro Integral de Formalización (Reinfo), ya que facultaba a la Policía Nacional de Perú (PNP) a actuar ante la tenencia ilegal de explosivos.
Frente a dicha decisión la CCLL señaló que el Congreso ha puesto en riesgo la efectividad del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno en la provincia de Pataz, luego del atentado contra Minera Poderosa el 2 de diciembre, donde fallecieron siete trabajadores ante el ataque de mineros ilegales.
“Condenamos que, al derogar el DL 1607, se debilite también, la labor de nuestra PNP, eliminando las facultades que habían recibido para actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos en personas con inscripción suspendida en el Reinfo. El tráfico de explosivos es un problema real que muestra la fuerte vinculación entre la minería ilegal y las bandas dedicadas a la extorsión, que son utilizados para amedrentar a ciudadanos y pequeños negocios”, señalaron en un comunicado de prensa.
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¿Decreto era necesario?
A consideración de la CCLL, el DL derogado por el Legislativo era una herramienta útil para la formalización minera, ya que buscaba acelerar la depuración del Reinfo a partir de la eliminación de aquellos inscritos suspendidos que no regularizan su situación ante el Estado peruano.
“El DL 1607 pretendía acelerar el proceso de depuración, que hasta ahora se había realizado con suma lentitud pese a ser una disposición con cuatro años de vigencia. Como es sabido, la existencia de mineros informales en áreas autorizadas fomenta su vinculación con bandas y organizaciones criminales para robar mineral y poner en riesgo la vida de los trabajadores formales”, remarcaron.
La CCLL también recordó que el DL establecía el día 20 de marzo del 2024, como fecha límite para el proceso de formalización minera. “En tal sentido, vemos con preocupación la capacidad de influencia que la minería ilegal y el crimen organizado ostentarían en el Poder Legislativo”, aseguraron.
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