
A casi dos meses de finalizar el 2025, la criminalidad continúa en el “trono” de las preocupaciones que ocupan la agenda del Perú. Al respecto, Roberto De la Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), enumera los estragos y comparte con Gestión las expectativas económicas para el siguiente año.
En breve, detalla los factores que se configuran como urgentes durante este Gobierno de transición, con José Jerí a la cabeza, y los requerimientos que propiciarían un tránsito ventajoso hacia el periodo 2026-2031.
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Criminalidad y su impacto en los negocios
—Ante el retrato de la criminalidad en el Perú, ¿qué estimados maneja la CCL sobre el cierre de negocios a causa de este flagelo?
El tema de inseguridad ciudadana es el principal problema del país, y afecta a todas las actividades económicas. Por ejemplo, el año pasado cerraron más de 2,200 bodegas, y hasta julio de este año van 1,300. Pero, así como hay bodegas, hay panaderías, peluquerías, ferreterías, empresas de transporte, farmacias y hasta ollas comunes y comedores populares.
Sumado a ello, solamente denuncia un 20% de los afectados. El resto no lo hace por temor, porque no confía en las instituciones. Ante ello, la CCL ha pedido la denuncia digital y que la persona que denuncia pueda tener una reserva de identidad, tanto a nivel policial como a nivel de la Fiscalía. A pesar de que la ley salió en junio, hasta ahora no se implementa.
—Frente a un fin de año con retiro AFP, CTS y gratificación, ¿cuál es la expectativa de la CCL para el comercio en este último tramo del 2025?
En este último trimestre, el octavo retiro de AFP le va a inyectar a la economía alrededor de S/ 20,000 millones y prevemos que la CTS más o menos va a movilizar entre S/ 3,700 y S/ 5,000 millones adicionales. Dados estos recursos, hemos estimado que en este último tramo del año el sector comercio debe crecer a una tasa superior al 3%. [...] Todo este dinero va a motivar a un mayor consumo privado.
—¿Por qué el comercio sigue en expansión incluso cuando la criminalidad golpea a la economía?
El comercio sigue creciendo porque el empleo formal privado viene aumentando entre 5% y 10% y la masa salarial formal en términos reales también se incrementa. A eso se suma una inflación baja que mejora el poder adquisitivo de los trabajadores formales. El crecimiento del sector comercio es moderado pero sostenido, sin criminalidad el crecimiento sería mayor.
Sobre la economía en general, si bien este año se estima un crecimiento de alrededor del 3%, para el próximo año la CCL ha estimado 2.8%. [...] Pero ese rango es insuficiente, porque no ayuda a disminuir pobreza ni a atacar otros problemas graves.
Cálculos: El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) había estimado que el costo de la inseguridad es de 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI), y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su marco macroeconómico, lo ha estimado en 1.7% del PBI; es decir, casi S/20,000 millones.

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MEF: recuperación de protagonismo técnico
—¿Hay confianza para invertir en el Perú?
Si hablamos de inversiones grandes, su ritmo de crecimiento se ve desacelerado. Si un país registra problemas de criminalidad, un inversionista opta por irse a un país más tranquilo. [...] Aquí el empresario ya no solamente está arriesgando su capital, está arriesgando su vida.
—Las grandes empresas separan montos para protegerse de la inseguridad, ¿ocurre lo mismo con las mypes?
Las pequeñas empresas destinan hasta el 10% de su facturación para temas de seguridad; ya forma parte de sus costos. Por ello, el Gobierno se tiene que dedicar en estos nueve meses a medidas que en verdad reduzcan la alta criminalidad, porque todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha provocado la variación de los indicadores: tenemos la misma tasa de homicidios y el índice de percepción de inseguridad está por encima del 80%.
—Además de combatir la inseguridad, ¿cuáles deben ser las prioridades del presidente José Jerí para sentar buenas bases de cara al gobierno del 2026?
A pesar de que tenemos una solidez macroeconómica importante, que sirve como una barrera de contención, este Gobierno de transición tiene que dedicarse a tres cosas básicas. La primera es combatir la inseguridad con liderazgo; es decir, fortalecer la inteligencia y la articulación entre todos los actores: Fiscalía, Poder Judicial, Policía, etcétera.
Segundo, [este Gobierno] tiene que conducirnos a un proceso de elecciones limpias, que aseguren una neutralidad. Y el tercero tiene que ver con el tema económico.
En ese último punto hay varias aristas clave: en cuanto a presupuesto, debe haber una discusión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para que haya un presupuesto equilibrado. [...] Tienen que dar el presupuesto que necesitan la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Después, se tiene que continuar con el shock desregulatorio y de simplificación.
—A propósito de ello, ¿cuál es su percepción sobre la actual figura del MEF?
Estoy seguro de que la nueva ministra de Economía, Denisse Miralles, quien ha sido viceministra de José Salardi, va a continuar en esa línea del shock desregulatorio. ¿Por qué es prioridad simplificar planes? Para facilitar inversiones y, a la vez, destrabar proyectos en varios sectores.
Creo que acá el rol de ProInversión es continuar con un ritmo de poder concretar inversiones, porque hay estimados de inversión en Asociación Público-privada (APP) de US$ 10,000 millones que se podrían concretar este año. [...] Confiamos en la buena performance que pueda tener la nueva ministra, que también viene de ProInversión.
—¿Qué otros aspectos debe anteponer el MEF?
Le pedimos a la nueva ministra que no dé un sol más a Petroperú, que pueda hacer el cambio de todo el directorio y de la gerencia y que cumpla con lo que salió en el decreto de urgencia: contratar de una vez a una gestora internacional para vender algunos activos no estratégicos.
Otro aspecto que siempre nos preocupa como sector privado es que el país cumpla con las metas de déficit fiscal. [...] Asimismo, hacer que se retome ese rol técnico el MEF para poner freno a medidas populistas que puedan salir del Congreso de la República, que erosionan las cuentas fiscales y que contribuyen a un mayor déficit.

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¿Protección del Congreso?
—¿Cuáles son las normas o proyectos de ley del Congreso que la CCL ve favorables?
Ahora hay oportunidad en el sector agro con la nueva Ley Agraria. Hay una nueva ley de turismo con beneficios tributarios para determinadas zonas turísticas especiales; aunque falta que se reglamente, pero esperamos que se haga rápido para ir avanzando. Tenemos la ley de zonas económicas especiales. Entonces, esas tres leyes son herramientas para atraer inversiones y generar empleo.
También hay iniciativas mineras y energéticas que están embalsamadas, por así decirlo, y que esperan ese apoyo (Legislativo). El Perú hoy tiene mucho potencial.
—En contraposición, ¿cuáles resultan preocupantes?
Como CCL nos preocupan todas las normas y los proyectos de ley laborales que hay. Por ejemplo, no se llegó a eliminar el decreto supremo que limitaba la tercerización ni los cambios a negociaciones colectivas; a pesar de que, por ejemplo, Indecopi declaró como barrera burocrática limitar la tercerización. Pero la norma ahí está, como un espada de Damocles.
Pero lo más importante, reitero, es continuar con el shock desregulatorio con el fin de que no se compliquen las inversiones con largos procesos de aprobación.

Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.








