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Guadalupe Gamboa
En las últimas semanas se ha observado un incremento en los casos de covid-19 en el Perú, así como los primeros fallecidos del 2024 por este virus. Esto lleva a preguntarse si tras casi ocho meses desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio por finalizada la emergencia por la pandemia -que inició en 2020- ¿el sistema de salud en el país aprendió las lecciones tras esta crisis sanitaria?
Una forma de revisar el tema es analizando el presupuesto público para proyectos en salud. Los tres niveles de gobierno -nacional, regionales y locales- contaron con S/ 5,232.6 millones para este fin en el 2023. Al cierre del año pasado, de ese monto no se ejecutó cerca de S/ 1,100 millones.
“La pandemia nos enseñó que lo que se está ejecutando es muy poco, pero sobre todo, deficiente. La verdad es que se está haciendo poca gestión en salud. Creo que no tenemos claro hacia dónde queremos ir y qué es lo que se quiere hacer. En la gestión pública siempre se ve falta de experiencia, demoras y lamentablemente hasta corrupción”, comenta el exministro de Salud, Abel Salinas.
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La baja inversión se refleja en el día a día de los establecimientos de salud pública del primer nivel de atención, que deben resolver el 85% de problemas médicos de la población. Un reciente reporte de la Contraloría General de la República reveló el mes pasado que cerca de cuatro de cada diez centros de salud de primer nivel en el Perú no cuentan con todos los servicios básicos. Son 96 establecimientos de salud de los evaluados que no tienen ningún servicio básico (95 son responsabilidad de los gobiernos regionales).
“En realidad el tema es que la descentralización. La transferencia de las funciones y de los presupuestos necesita un reajuste, requiere acompañamiento. Lamentablemente los gobiernos locales y regionales no están en la capacidad de hacer gestión en salud y la rectoría del nivel nacional tampoco existe. Estamos a la deriva”, agrega Salinas.
Otro análisis que se puede hacer, más allá de la inversión en infraestructura, es sobre las horas de atención. Un análisis realizado por Videnza Instituto, con información del Ministerio de Salud (Minsa), señala que solo un 42.7% de los centros de atención de primer nivel funcionan al menos 12 horas diarias a septiembre del 2023. La situación es más crítica en Áncash (19.4%), Cusco (21%), Amazonas (22%), San Martín (23.8%) y Loreto (27.8%), pues en estas regiones menos de tres de cada diez establecimientos básicos de salud funcionan al menos 12 horas al día.
El primer nivel de atención cuenta con cuatro categorías, las cuales son: I-1, I-2, I-3 e I-4. Un orden de categoría mayor debería ser sinónimo de mejor equipamiento en profesionales e infraestructura de salud. El porcentaje de establecimientos de salud en el nivel I-1 que atiende al menos 12 horas es de 31.7%, esto se eleva hasta 87.9% en el nivel I-4.
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Establecimientos de salud poco equipados
Aunque más del 80% de la oferta de camas hospitalarias las tiene el sector público (Essalud, Fuerzas Armadas y Policiales, gobiernos regionales y Minsa), el Perú solo cuenta con 1.13 camas por cada 1,000 habitantes a octubre 2023, según el análisis de Videnza, con datos de Susalud.
Si hablamos de las unidades de cuidados intensivos (UCI), el país tiene solo 7.36 camas UCI por cada 100,000 habitantes a noviembre del año pasado. Esto es menor al promedio que tenían otros países antes de la pandemia que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), era de 12 camas UCI por cada 100,000 habitantes.
La Contraloría indicó que el 28% de las 621 ambulancias distribuidas en 489 establecimientos de salud del primer nivel de atención están inoperativas y representan “un riesgo para el oportuno traslado terrestre de los pacientes en situación de emergencia”.
En la categoría I-4, que agrupa a los centros de salud y centros médicos públicos con camas de internamiento, se advierte que menos de la mitad de los establecimientos tampoco tienen servicio de radiología, incubadoras para la atención al recién nacido y coche de paro cardiorrespiratorio.
Perú enfrenta un déficit de médicos
Las cifras de personal médico tampoco han sido alentadoras este año. Hasta fines de agosto, los datos de Minsa muestran que en el Perú habían 32,690 médicos laborando en establecimientos del Minsa y gobiernos regionales, lo que significa que el país contaba con 9.7 médicos en el sector público por cada 10,000 habitantes.
La cantidad de médicos en el sector público llega a ser menor que en el 2019, pues en antes de la pandemia se estimaba que teníamos 13.5 profesionales de la salud por cada 10,000 habitantes en el país, cifra que incluso era más baja que el promedio de América Latina y el Caribe. El exministro de Salud, Óscar Ugarte, señala que actualmente se tiene un 30% menos del personal médico que se necesita en los centros de salud.
“Durante la pandemia se autorizó contratar la mayor cantidad de recursos humanos de salud posibles, como médicos y enfermeras, pero el déficit aún es de por lo menos una tercera parte de lo que hoy existe, que son 500 mil trabajadores. Por lo tanto, el déficit está en alrededor de 170,000. Hay una gran brecha que no permite la atención adecuada, la demanda supera largamente la oferta de los servicios del sector salud”, explica.
Ugarte explica que uno de los problemas que generan que no tengamos suficiente personal de salud es que no hay suficiente financiamiento público para la formar de este tipo de profesionales.
Los especialistas señalan que la necesidad de personal de salud es desigual si analizamos cada región. Aunque en Moquegua vemos que se reportan 15.1 médicos por cada 10,000 habitantes, en Piura solo se calcula que hay 6 médicos por la misma cantidad de población evaluada.
En medio de la preocupación que genera el fenómeno de El Niño son precisamente las regiones del norte -Piura, Lambayeque, La Libertad y Tumbes- las que están entre las que tienen menos médicos por habitantes.
“Ya lo hemos vivido este año con el ciclón Yaku, El Niño costero y el dengue que se han concentrado más en el norte. La situación es crítica tanto por los factores climatológicos como por la situación misma del sistema y las soluciones no son de corto plazo, son de mediano y largo. Si sabemos que nos faltan recursos humanos no es cuestión de esperar a que algún día lleguen, hay que planificar y para eso hay que destinar recursos de forma sostenida esta década y la que sigue”, agrega Ugarte.
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El investigador principal de Videnza Consultores, César Amaro, señala que esta falta de personal médico también se explica porque el Minsa y los gobiernos regionales no establecen claramente sus prioridades y el perfil que requieren ante los centros de formación superior a lo cual se suma el éxodo de profesionales de la salud al exterior. Además, la carencia de una línea de carrera atractiva en el sector público, sobre todo en lugares con mayores dificultades de acceso y desarrollo, concentrándose la oferta en Lima y otras pocas ciudades.
“A ello se suma la afectación de la calidad del ejercicio de estos profesionales al declararse la constitucionalidad de la Ley N° 31520 por el Tribunal Constitucional, modificando el artículo 15 de la Ley Nº 30220, suprimiendo la competencia de la Sunedu en el licenciamiento de los programas de medicina. Es decir, a la escasez ahora le sumaremos el riesgo de ser tratados por profesionales de la salud de universidades no licenciadas”, comentó.
Solo la mitad de centros de salud tienen suficientes medicinas
El abastecimiento de medicinas es otro aspecto complicado en la salud pública. Si bien los datos de Transparencia Económica indican que en el 2023 los tres niveles de gobierno, en conjunto, ejecutaron el 98.6% de sus recursos para la compra de medicamentos (se devengó S/ 903.1 millones); hasta noviembre solo el 56.8% de los establecimientos de salud, es decir, cuentan con una disponibilidad mayor al 80% de una lista de medicamentos esenciales definida por el Ministerio de Salud.
De hecho, el análisis de Videnza resalta que desde que se tiene registro, nunca se ha visto que más del 60% de los centros de salud públicos cuenten con una disponibilidad mayor al 80% de una lista de medicamentos esenciales.
En 11 regiones del país la disponibilidad de medicamentos en establecimientos públicos es más baja que el promedio nacional. Incluso en departamentos como Piura, Loreto, Ucayali y Tumbes se observa que menos del 20% de los establecimientos de salud básicos están debidamente abastecidos.
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César Amaro señala que este estado crítico en la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud públicos muestran que no hemos mejorado luego de la pandemia, situación que conduce a peores servicios a los ciudadanos con un gasto corriente creciente.
“El Programa Creación de Redes Integradas de Salud (PCRIS) del Minsa, que era la única iniciativa de inversión robusta financiada por el BID y el Banco Mundial, está a un paso de ser cerrado por la desinstitucionalización del sector. El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) no ha ejecutado más del 31% del presupuesto destinado a productos farmacéuticos, en un país donde la recesión golpea a la economía familiar”, agregó.
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el 36% de la población que cuenta con un seguro de salud del Estado se ve obligada a cubrir el costo de los medicamentos con sus propios recursos. Además, un 22.4% de la población con algún problema de salud que buscó atención lo hizo ante una farmacia, por debajo del 14.3% que acudió a algún representante del Minsa, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Con este panorama, Salinas sostiene que para fortalecer el sistema de salud es necesario que la gestión pública se apoye en alianzas público-privadas. “Veo la necesidad urgente de buscar una alianza con el sector privado para ejecutar los proyectos de inversión en salud bajo la modalidad por ejemplo de Asociaciones Público-Privadas (APP), yo creo que es urgente hacerlo en hospitales, en compra de medicamentos, distribución de medicamentos. Eso ya debería estar en discusión”, dijo a Gestión.