Actualmente, solo la pequeña y artesanal minería emplearía a casi 500,000 personas, señaló Jorge Soto Yen, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).
“La pequeña y artesanal minería en Perú empezó, en la década de 1970, con 6,000 trabajadores y hoy se bordean los 500,000. ¿De cuántos familias hablamos?”, señaló Soto, durante una mesa de trabajo para discutir proyectos de ley sobre la formalización minera, organizada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, la mañana de este lunes 3 de noviembre.
Otro dato que destacó Soto es que hoy se tienen, aproximadamente, 19.5 millones de hectáreas de concesiones mineras. Solo cinco millones de hectáreas son trabajadas por la mediana y gran minería, mientras que las restantes por “pequeños y artesanales mineros”, ya sean personas naturales o jurídicas.
Desde el Colegio de Ingenieros del Perú también se cuestionó los marcos normativos que determinaron que, a la fecha, solo un 2.7% de los más de 80,000 inscritos en los Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se formalizaran.
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Por ello, Soto indicó que un siguiente paso para estos procesos de formalización debe considerar las realidades y limitaciones de las entidades involucradas en el análisis de los diferentes permisos, entre otros factores.
“Invocamos a las autoridades para que puedan darse las faciliades y así continuar con los procesos de formalización. Vemos que se presentan varios problemas”, refirió.
Soto mencionó como una arista que las entidades del Estado cuentan con expertos y recursos financieros insuficientes.
“Sabemos que carecen de recursos humanos. Para dar un dato, en entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Ministerio de Cultura (Mincul), por lo menos, se requiere de 100 profesionales para ver el resto de instrumentos ambientales y procesos. Esto nos lleva mínimo a un año para cumplir [con los requisitos]. Las entidades del Estado tienen que reconocer los procesos y evaluarlos para definir el verdadero tiempo de formalización”, sostuvo.
A esto sumó que hay una descoordinación entre las entidades respecto a los procesos, que ralentiza mucho más el tiempo que demandan estas revisiones.
Al respecto, plantearon la instalación de una comisión técnica permanente que reporte al Congreso y al Ejecutivo, y establezca, de manera uniforme, todos los procesos y procedimientos para lograrla.
“En este contexto de revisar normas, dependerá de las entidades del Estado que den el mejor plazo técnico [para lograr las formalizaciones]. Es decir, si es un año, hagamos un plan para que se logre la formalización de la pequeña y artesanal minería”, apuntó.
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