Capeco: sector construcción podría caer a -8% en 2022 si no se mejoran recursos a vivienda social

El sector construcción podría crecer este año 0.3%, según la estimación que mantiene a la fecha la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). Sin embargo, el gremio no descarta que, en línea con lo que estiman otros consultores privados, el sector pueda registrar un decrecimiento de 8% o incluso más.

Ello se explicaría por las previsiones respecto a la inversión pública y privada para este año, de hasta -4% y -1.5% respectivamente frente al 2021, según las proyecciones de Apoyo Consultoría. En tanto, las “previsiones para el 2023 también son muy conservadoras”, señaló Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco durante la presentación del Informe Económico de la Construcción N° 49.

Vivienda social

Uno de los factores que evitaría una caída pronunciada del sector para este año sería una mayor colocación de vivienda social. En 2021, pese a que la ejecución del presupuesto público para obras llegó al 65% y la inversión minera habría rebotado a 22.5%, se logró la segunda mayor colocación de créditos MiVivienda en la historia del programa (12,871)

“La vivienda social es una parte de este posible crecimiento (del sector construcción), sino se consiguen recursos tendremos 30% menos de vivienda social este año”, anotó Valdivia.

De acuerdo a Capeco, a la fecha, se les han asignado a los programas de vivienda social (Techo Propio, MiVivienda) S/ 1,290 millones para el 2022, una cifra que es S/ 383 millones menor (-23%) de lo desembolsado para estos fines el año pasado.

Frente a ello, se plantea “incrementar al menos en 15% el desembolso de bonos respecto al 2021, y (que) se reajustan los valores de los subsidios. [Así], el nuevo presupuesto bordearía los S/2,464 millones por lo que habría necesidad de unos S/ 1,174 millones adicionales”, señaló.

Conflictos por resolver

Adicional a ello, Guido Valdivia mencionó que será importante propiciar un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de Lima y algunas municipalidades distritales para resolver las controversias sobre la aplicación del Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificaciones, a la luz de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre quién debe regular sobre zonificación y usos de suelo, así como parámetros urbanísticos y edificatorios de sus circunscripciones.