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Después que en el año 2020 la construcción en el Perú cayó 13.3% por las restricciones aplicadas durante el inicio de la pandemia del covid-19, el sector “rebotó” en el 2021 (34.5%). De hecho, fue uno de los primeros en recuperarse del golpe de la cuarentena rígida. Sin embargo, para este y el próximo año las proyecciones no son halagüeñas.
El Banco Central de Reserva (BCR) proyectó en su último Reporte de Inflación que la actividad crecería solo 0.5% en 2022 y para el 2023 se incrementaría 2%. La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) es menos optimista: Jorge Zapata, presidente del gremio constructor, comentó a Gestión que “si la situación sigue como hasta ahora (ruido político y expectativas empresariales deterioradas, sumado al ingreso de nuevas autoridades subnacionales) será difícil que el sector crezca el próximo año”.
“Hay unas cuantas medidas que ha tomado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que podrían impulsar (la actividad), pero contraponiendo lo positivo y lo negativo, creo que estaremos en un crecimiento muy cercano a cero”, subrayó tras la inauguración de la Excon 2022.
Aún así, Zapata consideró que se está a tiempo de tomar las acciones necesarias para impedir el estancamiento de la construcción y -por el contrario- consolidarla como un importante motor de desarrollo en el 2023.
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El diagnóstico
En el caso de la obra pública, para Capeco uno de los pasos necesarios es un cambio del Sistema de Contratación Pública. “Si el Gobierno o el Congreso se decidieran a cambiar todo el Sistema de Contratación Pública, incluida la Ley de Contrataciones, podríamos aspirar a un crecimiento, buen desarrollo y buenos años para la construcción. Como todos sabemos hay un déficit de infraestructura tremendo, pero hay que tomar la decisión”, destacó.
Zapata consideró que con el sistema actual será difícil cerrar la brecha de infraestructura porque es un “sistema propenso a la corrupción, a la paralización de obras, a entregar obras a empresas que no están calificadas, a tener expedientes técnicos mal hechos”, con lo cual todo ese problema se multiplica.
Por el lado de la vivienda, también se presenta un panorama difícil porque las tasas de interés para créditos hipotecarios han subido de forma importante, comentó. “Ojalá el sector de MiVivienda pueda mantener las buenas tasas que tienen los créditos que salen a través del programa. Eso es sustancial, si se mantienen esas buenas tasas en algo podríamos compensar los momentos difíciles”, dijo.
Sobre Techo Propio, el problema principal -refirió- es que las personas que podrían beneficiarse del programa no tienen acceso al crédito hipotecario porque se desenvuelven en el mundo informal. “Es un sector que tiene muchísimo potencial porque es donde está el mayor déficit de vivienda que tenemos”, anotó. Para Capeco, si se logrará resolver o -por lo menos- mejorar la situación del limitado acceso al crédito que tienen esas familias, “podría ser un buen impulsor para el próximo año”.
Las acciones
Aunque no son las únicas, Zapata puso sobre la mesa algunas de las acciones que podrían tomarse desde el Estado para sostener e impulsar la construcción el próximo año.
1.- Ley de contrataciones. Son tres los principales cambios a esta ley que postula Capeco.
Uno de ellos es que las entidades convocantes al proceso de selección y ejecución de obras deberían acreditarse. “Porque entidades que no tienen los funcionarios adecuados, capacitados, sin experiencia en haber llevado un proceso de selección exitoso, con expedientes técnicos bien hechos, y la ejecución y supervisión de la obra correctamente realizada, no se le puede entregar fácilmente las obras o presupuestos para que ellos definan a qué postor o contratista se los van a entregar y armen desde el expediente técnico hasta la supuesta finalización de la obra”, subrayó.
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Por ello, Zapata insistió que una entidad tiene que demostrar experiencia, eficiencia, capacidad, personal adecuado para que tenga la solvencia para llevar a cabo estos procesos. Refirió que “los contratistas tienen que acreditarse ante la OSCE y mostrar sus estados financieros, su experiencia, su capacidad de contratación, su maquinaria. Igual deberían hacerlo las entidades convocantes”.
Un segundo punto es que en las comisiones o comités de selección de proveedores o postores, debería conformarse por personas que no sean enteramente a elección del titular de la entidad o la entidad. Lo que debería buscarse -comentó- es que se convoque ingenieros propuestos por el Colegio de Ingenieros o arquitectos propuestos por el Colegio de Arquitectos. Es decir, integrantes de la comisión propuestos por la sociedad civil organizada.
Y, como tercer punto, los expedientes técnicos deberían tener un presupuesto adecuado. “Tiene que obligarse a que el expediente técnico sea contratado por una empresa de primer nivel, de nivel adecuado, con competencia y experiencia. Y debería tener el presupuesto adecuado”, señaló el presidente del gremio.
2.- Vivienda social. Sobre la vivienda social hay dos programas fundamentales: MiVivienda y Techo Propio, y hacia ahí deberían enfocarse las medidas.
En MiVivienda, Capeco cree que el Fondo MiVivienda (FMV) debe “hacer todos los esfuerzos necesarios” para conseguir el fondeo de entidades internacionales, realizar hacer una ingeniería financiera, para mantener tasas de interés bajas. Hay que recordar que actualmente la tasa de interés de créditos Mivivienda ya es menor que la de hipotecas tradicionales.
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Zapata agregó que se han registrado sustanciales crecimientos de los costos de construcción (por ejemplo, el precio de los materiales de construcción se incrementó 9.32% en últimos 12 meses, a setiembre), por lo que se debería evaluar incrementos en los niveles de subsidio habitacionales.
En el marco de la pandemia, se aprobó elevar el valor en UITs de los bonos habitacionales, medida que debía ser temporal y que actualmente se está evaluando por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para extender su plazo hacia el próximo año.
Sobre Techo Propio, Capeco insistió que es fundamental buscar que el crédito llegue a las familias que aspiran tener su casa con este programa de vivienda.
3.- Vivienda no social. Uno de los problemas para el desarrollo de la vivienda social son las trabas por parte de algunas municipalidades.
“Cada municipio tiene una autonomía y a veces esta está sobredimensionada; aún cuando la planificación urbana y la zonificación de la ciudad debe ser dictada por la Municipalidad de Lima (MML). Hay municipios que no quieren aceptar los reglamentos que dicta la MML como zonificación o el MVCS como reglamentos especiales. A veces hay trabas para licencias y sobre todo para el trabajo continuo de las obras”, remarcó.
Si bien reconoció que el tema de las licencias ha mejorado y hoy las municipalidades las emiten más rápido, lo edificadores siempre están a expensas de las paralizaciones, y “eso perjudica a la dinámica de la vivienda”. Por ello, remarcó que las nuevas autoridades distritales deben reconocer la dinámica del sector para potenciarlo, evitando que se instauren trabas burocráticas o decisiones que se contrapongan a las del MVCS o la MML.
Ruido político. “Todo lo que está pasando genera incertidumbre y no es bueno para las inversiones. Los inversionistas quieren predictibilidad, un comportamiento lógico de la economía y de las diferentes industrias. Si los inversionistas ven demasiado ruido político, no apuestan demasiado. Sin ninguna duda, todo esto está afectando al sector, y por supuesto, al país”, señalo Jorge Zapata, presidente de la Cámara peruana de la Construcción (Capeco).
