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Los 10 gobiernos locales con mayores recursos de canon y regalías tienen un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 2,530 millones para obras. Este monto es significativo, pues representa el 21.6% del PIM total de canon y regalías para obras de todos los gobiernos locales (S/ 11,696 millones).
Estos distritos se encuentran sobre todo en regiones de Áncash y Cusco, y están encabezados por San Marcos (Áncash) con S/ 840.2 millones y Megantoni (Cusco) con S/ 289.4 millones.
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Si bien estos recursos se incrementaron de manera significativa (38.5%) con respecto a 2021, la capacidad de ejecución (devengado sobre PIM) no ha presentado mejoras importantes. A la fecha se mantiene en alrededor de la quinta parte (21.8%) (similar a lo observado a julio de 2021: 19.7%).
Daniela Leguía, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), explicó que a julio de 2022, los 10 gobiernos locales con mayor canon y regalías para obras ejecutaron S/ 552 millones, “por lo que requieren quintuplicar su velocidad de ejecución mensual promedio para llegar a la meta (100% de ejecución al cierre del 2022)”.
Detalló que en algunos casos, como en San Marcos (Áncash) y Marcona (Ica), se requiere multiplicar por siete la velocidad de ejecución para llegar a la meta.
-Proyectos de inversión-
La economista mencionó que esto se debe, en parte, al lento avance de los principales proyectos de inversión. De los proyectos con un PIM superior a S/ 10 millones (39 en total) en los gobiernos locales analizados, el avance promedio ascendió a 13.5% a julio de 2022. Además, de dicho total, 10 proyectos ubicados en San Marcos (4), Chimbote (3), Megantoni (2) y Cerro Colorado (1) no devengaron recursos a la fecha.
En particular, el proyecto con mayores recursos (S/ 30.3 millones), correspondiente a la creación de servicios deportivos (cultura y deporte) en San Marcos, presenta un avance de 0%.
“La lentitud en la ejecución de los principales proyectos posterga el acceso a servicios de los ciudadanos y puede traer como consecuencia conflictos sociales en el futuro, elevando la creciente conflictividad actual”, refirió.
Según datos de la Defensoría del Pueblo a junio de 2022, en las provincias de los distritos analizados existen 13 conflictos sociales, los cuales están centrados en las provincias de Espinar (5), La Convención (3), Huari (3) y Santa (2).
Cabe resaltar que la mayoría de estos (9 de 13) son socioambientales y registran una duración promedio de 27 meses. Dentro de estos resalta Santa, donde el único conflicto socioambiental muestra una duración de 42 meses desde enero del 2019.
“Mejorar ejecución de los proyectos”
Daniela Leguía, economista del Consejo Privado de Competitividad
Si bien la solución a esta problemática requiere medidas estructurales que mejoren la institucionalidad del Estado, las acciones de corto y mediano plazo del Gobierno deberían recaer en mejorar la ejecución de los proyectos de inversión y evitar la proliferación de futuros conflictos sociales.
Sobre lo primero, desde el CPC se plantea habilitar a una entidad especializada como la ARCC y encargarla de ejecutar obras con recursos del canon que no se ejecutan.
Sobre el segundo punto, es necesario que el Estado cumpla un rol efectivo en la prevención de conflictos sociales. Debería analizar ex ante las condiciones socioeconómicas de los distritos y comunidades en donde se pretende desarrollar un proyecto minero. Luego, priorizar la reducción de las necesidades básicas insatisfechas.
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