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Si bien -hasta el momento- el gobierno de Pedro Castillo no es del todo claro sobre las razones detrás por la que se quiere renegociar el contrato de Camisea (suscrito por el Estado peruano por 40 años) y qué es lo que se quiere lograr, una de la razones que se alega es que aún este recurso natural -que es del Estado peruano- no es usado masivamente por las amas de casa, tomando en cuenta que su costo es mucho más barato que el GLP (balón de gas).
¿Cuál es la situación real y qué hay detrás? De acuerdo data del Ministerio de Energía y Minas -al 2019- existen cuatro concesionarios que distribuyen este combustible a nivel nacional y que atienden a más de 650,000 hogares, con lo que se ha beneficiado a más de 2.5 millones de peruanos.
Cabe precisar que esta labor no es responsabilidad del consorcio Camisea -que se encarga de la explotación y exportación del recurso, a su cuenta y riesgo- sino del Estado peruano con la instalación de ductos y de una política energética que apunte a ello.
Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, explicó que en Lima -por ejemplo- el 50% de la población (de lose sectores C y D) ya cuenta con este recurso. No obstante, uno de los principales problemas que se enfrentó era el costo de instalación y que -en cierta medida- frenó la masificación. En la capital, la distribución del recurso está a cargo de Cálidda.
“Al inicio costaba como US$ 1,000 por lo que algunas familias no podían financiarlo. Ese fue uno de los principales problemas que evitó la masificación del recurso desde un inicio”, precisó. Para enfrentar este problema comenzó a funcionar -desde el 2016- el BonoGas para financiar la instalación interna del abastecimiento de gas natural doméstico.
El año pasado -en plena pandemia- se relanzó BonoGas Residencial, para financia la instalación interna de gas natural, pero que a diferencia de la primera que se ejecutó, además de la cocina, permitía conectar con otros dos puntos más como la terma para el agua caliente y el secado de ropa.
Este subsidio estatal es financiado a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que costeaba hasta el 100% de la instalación del gas natural en los hogares de estratos socio económicos bajos y del 50% al 75% para familias de nivel socioeconómico medio o medio bajo.
Otro hecho que también dificultó la masificación del gas natural -sobre todo residencial- eran los permisos municipales para la instalación de ductos. “Los permisos que se solicitaban para la instalación de los ductos para el transporte de gas dificultaron bastante el avance de las obras”.
Comentó que es tarea del Estado promover la instalación de ductos de gas natural, sobre todo para las casas. “Para ello se requiere de un subsidio. Por ejemplo: subsidiar la tasa de interés así como el costo instalación de las redes locales. Ello pudo (y puede) salir de lo que deja Camisea al Estado peruano a través de la que paga en regalías e impuestos”.
“Estas utilidades se pudieron y todavía se pueden tomarse para el subsidios de las redes de gas natural y promover así la masificación. La ventaja para el país es que al sustituir GLP por GNV se deja de importar este último, e incluso puede ser que la producción nacional de GLP sea suficiente y con eso bajarían los precios del GLP”, acotó.
Dijo -además- que el Estado peruano ha hecho muy poco para masificar el uso del gas natural en el norte y sur del país. “Cuando las empresas concesionarias participaban en los concursos de ProInversión para llevar gas (por ductos) llegaron a la conclusión que no era económicamente viable. Por eso es que masificación no se ha sado ya que el Estado peruano no ha dado las condiciones para que eso ocurra como si o ha hecho Colombia”.
-Medidas ausentes-
Gustavo Navarro, exdirector general de Hidrocarburos del Minem, indicó que existen tres razones fundamentales por las que aún no se avanza en la masificación de gas naturales, sobre todo en las regiones:
- Porque no cuentan con ningunas de las seis medidas promocionales que se aplicaron o que se siguen aplicando a Lima (como es el caso del subsidio FISE-BonoGas para las conexiones domiciliarias).
- Porque los concesionarios regionales tienen la obligación de conexiones domiciliarias con un esquema tarifario que se basa en un subsidio cruzado: un pequeño recargo en la tarifa a los industriales de gran consumo permite una gran rebaja en las tarifas residenciales de bajo consumo y de esa manera todos ganarían.
- Porque sin tener gas por gasoducto y dependiendo de GNL (que implica costos de licuefacción, transporte del GNL y regasificación posterior), las concesiones regionales actuales tienen un precio del gas natural para sus clientes que es mucho mayor que el que pagan los clientes de Lima e Ica.
“Si la posibilidad de aplicar el esquema tarifario con subsidio cruzado desaparece en las regiones y las condiciones que se aplican para el uso del gas natural en esas regiones no guardan equidad con respecto a lo que se hizo en Lima, no se logrará la prometida masificación y la industria regional seguirá ahogándose o trasladándose a Lima o Ica dónde si tiene acceso a energía barata y abundante”, reflexionó.
La gran interrogante para este especialista que si tiene sentido que el Estado subsidie doblemente el uso del GLP (con el Fondo de Estabilización y el Bono FISE), cuando el Perú es ahora deficitario en GLP y éste es un producto con importación creciente, mientras que tenemos enormes reservas de gas natural y seguimos reinyectando gas que no logra consumirse en nuestro mercado.
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