Ante la decisión del Congreso de la República del Perú de derogar el Decreto Legislativo (DL) 1607, que buscaba frenar el avance de la minería ilegal y fortalecer el proceso de formalización en dicho sector, La Cámara de Comercio de La Libertad (CCL) afirmó que su derogación entorpece la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado.
“Lamentamos profundamente esta medida aprobada por el Congreso de la República que solo incentiva la informalidad, corrupción, el crimen organizado y el desaliento de la minería formal. Sorprende este retroceso por parte de los congresistas, quienes al igual que el resto de autoridades, están llamados a actuar y proponer, dentro de sus facultades, iniciativas que permitan reestablecer la paz social y el orden; no lo contrario”, indicó en un comunicado.
Asimismo, mostró su preocupación por la influencia que la minería ilegal y el crimen organizado ostentarían en el Poder Legislativo.
“El Decreto Legislativo (DL) 1607 derogado, establecía el día 20 de marzo del 2024, como fecha límite para el proceso de formalización minera, lo cual iba ayudar a depurar a los mineros ilegales indebidamente inscritos en el Registro integral de formalización (REINFO), y facultaba a la Policía Nacional del Perú (PNP), para actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos”, explicó.
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Recordemos que los mineros artesanales de las diferentes regiones del Perú protestaron en Lima para exigir al Congreso de la República que se derogue el Decreto Legislativo 1607, aprobado en diciembre del año pasado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Según representantes mineros, el DL 1607 dificulta el proceso de formalización. Además, consideran que el plazo de 90 días para firmar un contrato de explotación es imposible, tras 12 años de esfuerzos infructuosos.
Por su parte, la CCL resaltó que dicho decreto no permitía el desarrollo de la minería informal en un área autorizada a una compañía formal.
“La existencia de mineros informales en áreas autorizadas fomenta su vinculación con bandas y organizaciones criminales para robar mineral y poner en riesgo la vida de los trabajadores formales”, explicó.
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Sobre Pataz
El gremio empresarial teme que, al derogarse el DL 1607, se debilite también, la labor de la PNP, eliminando las facultades que habían recibido para actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos en personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
“El tráfico de explosivos es un problema real que muestra la fuerte vinculación entre la minería ilegal y las bandas dedicadas a la extorsión, que son utilizados para amedrentar a ciudadanos y pequeños negocios”, explicó.
“Finalmente, este es también un llamado a la conciencia tras el lamentable atentado ocurrido en Pataz el pasado 2 de diciembre de 2023, en el que siete trabajadores de Minera Poderosa perdieron la vida, precisamente por la falta de rigurosidad para enfrentar a esta mafia que genera caos y terror en la población, desalienta la inversión minera formal y el empleo digno, e impacta de manera negativa en el desarrollo económico de nuestra región y el país”, agregó.
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