:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/OKTQUCPQBBDCBPG72WIEPXSYU4.jpeg)
(PARACAS).- En el marco de CADE Ejecutivos 2022, en entrevista con Gestión, el Oficial Nacional Senior de Políticas Públicas y Alianzas del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Perú, Aníbal Velásquez, detalla la situación del Perú sobre seguridad alimentaria, y qué se espera hacia adelante en un contexto de alza de precios que afecta -sobre todo- a la población más pobre del país.
-Según data de la FAO, en una encuesta que se hace a nivel global, el 2022 encontró al Perú con 16.6 millones de peruanos y peruanas en inseguridad alimentaria. ¿Qué medición manejan desde el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas que se haya realizado solo en Perú?
El Perú hizo una medición, a través del Programa Mundial de Alimentos en 2021, junto con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Hicimos una encuesta el año pasado, en noviembre, e identificamos que había inseguridad alimentaria moderada, es decir, que había el riesgo de que las personas puedan tener hambre. Pero también encontramos que el 3.5% de la población peruana estaba en una condición de inseguridad alimentaria severa. Ese es el resultado más serio -a tomar en cuenta- porque realmente las personas están dejando de comer alimentos importantes en la dieta, sobre todo los de mayor calidad.
-¿Cómo se contrasta esa data del 2021, con aquella obtenida en el 2020, durante la pandemia?
El Perú tuvo éxito en reducir la pobreza y la desnutrición crónica infantil, fue un ejemplo, y había disponibilidad de alimentos. Pero con la pandemia del covid-19, cambió todo. En ese momento, como Programa Mundial de Alimentos comenzamos a hacer un monitoreo de inseguridad alimentaria (se hizo de manera remota, una metodología que usa el programa en situaciones de emergencia). Se hicieron cuatro encuestas durante todo ese periodo, y fue preocupante. Hablábamos de 10% de inseguridad alimentaria severa. Pero, en el 2021, bajó al 3.5%. Ahora estamos haciendo un nuevo análisis.
-¿Qué otros factores están afectando a la seguridad alimentaria?
Con las restricciones durante el inicio del covid-19, la pobreza se incrementó, y en la misma línea, encontramos un aumento de la inseguridad alimentaria severa. Pero, cuando se abrió el mercado, se redujo dicha inseguridad alimentaria -en línea con la reducción de la pobreza. Sin embargo, la población tiene empleo informal, es muy vulnerable a cualquier situación de crisis y emergencia.
A eso se suma un incremento de precios. Esto lo comenzamos a detectar desde 2021, pero se agudizó en este periodo de crisis global, con un conflicto entre Ucrania y Rusia. Hay un problema de incremento de precios de alimentos a nivel global y eso afectó al país. Entonces, hemos visto que la situación se está complicando, ya no solo por el covid-19, hay otros factores que están influyendo. También impacta el incremento del precio de combustibles y fertilizantes, que pueden y ponen en riesgo la producción. Eso pondría en riesgo la disponibilidad de alimentos.
LEA TAMBIÉN: Reanudación del Aeropuerto de Pisco, hoy con cero conectividad, depende del MTC, dice Capatur.
-Con estos indicadores, ¿en la siguiente medición se podría volver a un 10% de la población afectada por inseguridad alimentaria severa?
Lo que nos ha hecho ver el contexto actual esto es que la población es bastante vulnerable. Ante un choque, es posible que podamos llegar a niveles serios de inseguridad alimentaria. Quiere decir que una población que realmente entra a una situación de inseguridad alimentaria severa requiere asistencia. Sin embargo, se necesitan programas de protección social.
No creo que volvamos a un 10% (de población afectada). Como mencionaba está ligado a la pobreza. Pero, hay que subrayar que hay riesgo de que pueda aumentar (la población golpeada por la inseguridad alimentaria severa) por la subida de precios. Pueda hacer que haya mayor población afectada. El estudio lo tendremos preliminar en diciembre.
-¿Es prudente insistir con más apoyo monetario para las familias vulnerables?
En una crisis alimentaria, en una emergencia, se requiere asistencia, como entrega de alimentos o transferencias monetarias. El Perú ha aprendido mucho, nosotros junto con el Midis hemos hecho una sistematización de la experiencia que se ganó con la entrega de bonos. El país no estaba preparado para una situación en este tipo de emergencia. La principal barrera fue que se necesitaba el padrón de hogares. Ese dato no se tenía, pero se fue construyendo. Ahora estamos en una mejor situación para enfrentar una situación como esta, sin embargo, el problema que hay es que son medidas temporales, encargos que se han dado, los documentos son DU y tienen un periodo.
Entonces, hay riesgo que el aprendizaje se pierda porque no se institucionalice. Hay que prepararse para situaciones de emergencia que puede haber en el futuro, mejorar esa capacidad del Gobierno de protección social frente a las emergencias, pero no es la única solución. Porque a la par, estamos viendo que se necesita fortalecer capacidades especialmente de la agricultura familias. No todo se resuelve con transferencias monetarias. Si hay otra emergencia esa medida funciona, pero se necesitan acciones que permitan el desarrollo agrícola, el desarrollo de comunidades. Eso requiere mayor esfuerzo, mayor trabajo. Y en eso el privado podría ayudar.
LEA TAMBIÉN: Ignacio Briones: “Perú tiene buenos resultados económicos, pero en algún momento se va a acabar”.
-¿Qué puede hacer el sector privado?
Por ejemplo, una lección aprendida en la reducción de desnutrición crónica infantil fue tener fuertes alianzas del Estado, el sector privado y la sociedad civil. Se convirtió en una política de Estado que trascendió gobiernos. Por eso hemos podido bajar la desnutrición crónica infantil. Esa alianza hay que volver a recuperarla frente a estas situaciones de emergencia. Pero para hacer esta alianza público - privada, hay que orientarla al desarrollo. Que estos fondos de responsabilidad social que tienen las empresas, puedan tener un rol de desarrollo, es decir conectarlo a poder mejorar las políticas públicas, mejorar el rol del Estado, mejorar la eficacia de los programas sociales, mejorar las políticas sociales.
Nosotros estamos trabajando un concepto de alianza público - privada para el desarrollo. Pero para poder conectar tiene que haber mecanismos que permitan esa interacción. Las Naciones Unidas tiene un rol de darle asistencia al Gobierno para mejorar la política pública y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos Hambre Cero en 2030. Pero para llegar a ello se requiere un Estado fuerte que tenga políticas efectivas como se tuvo para desnutrición crónica, lo puede aplicar en la inseguridad alimentaria. Este rol de puente de las Naciones Unidas permite esta conexión entre las alternativas del sector privado con el sector público. Por eso desarrollamos pilotos, por ejemplo, para reducir anemia.
FERTILIZANTES. “De algún modo, la necesidad de fertilizantes para esta campaña de siembra “ya fue resuelto”. Es decir, los que han podido comprar, ya lo hicieron; los que no, lógicamente tendrán menos productividad. Es un punto que lamentablemente nos dice que habrá una parte de los agricultores que serán duramente afectados. Principalmente la pequeña agricultura. Los que hacen exportación lo resolvieron realmente, tal vez ganen menos, pero resolvieron el problema. Esa medida (la compra internacional de urea) me imagino va a seguir, problablemente será útil para las siguientes campañas. Pero hay que trabajar otras medidas. Por ejemplo, si el bono (Fertibono) está bien focalizado es útil, es una ayuda. El problema es que los agricultores familiares están en situación de pobreza. Hay que apuntar más a medidas de más de mediano plazo, fortalecer infraestructura, proyectos de inversión, créditos, seguros”, dijo Velásquez.
