Brookfield lleva al Perú al Ciadi por peajes de Rutas de Lima: los entretelones

“Durante muchos años, Brookfield ha invertido con entusiasmo en el Perú, pero desafortunadamente nuestra confianza se ha visto quebrantada. Estamos frustrados por el hecho de que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) [al mando de Rafael López Aliga] y otras entidades del Estado peruano hayan tomado nuestra inversión en contra del estado de derecho y la seguridad jurídica”, indicó Ben Vaughan, Gerente Global de Operaciones del Grupo de Infraestructura de Brookfield, mediante un comunicado.

El ejecutivo añadió que lo que se busca es “exigir un trato justo” en los término del tratado firmado y agregó que están “confiados” en que este proceso arbitral les “permitirá recibir un resarcimiento pleno”.

¿Por qué Brookfield va al Ciadi?

Desde Brookfield apuntaron que este anuncio se oficializa tras varios años de “acciones arbitrarias” por parte de la MML y otras entidades peruanas, como el Tribunal Constitucional (TC).

En su comunicado, también recordaron que dos tribunales internacionales y una corte federal de EE.UU. ordenaron que la MML pague más de US$200 millones en favor de Rutas como compensaciones por “reiterados incumplimientos del contrato de concesión”, pero esto no ocurrió. “La suma de estas acciones privaron a Brookfield del valor de su inversión”, añadieron.

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Fuentes cercanas a Brookfield comentaron a Gestión que esta decisión llega ante un escenario de “frustración total” al ver que no hay voluntad de revertir la controversia y cumplir con todo el proceso legal que se contempla previo a llegar al Ciadi.

“No hubo algo puntual [para finalmente ir al Ciadi], sino que es la acumulación de arbitrariedades. No es nuestra intención hacer juicios, no nos dedicamos a eso. Somo un gestor de fondos por un valor de más cuatro veces el PBI peruano. Esta experiencia nos deja atónitos, nunca nos hemos sentido así de agredidos”, comentaron las voces consultadas.

En su comunicado el gestor señaló que mantienen la esperanza de poder “encontrar una solución aceptable con el Estado peruano”. En diálogo con este diario, las fuentes cercanas a esta situación añadieron que “Brookfield está abierto” a encontrar una solución diferente a la resolución del Ciadi, aunque nunca recibió una propuesta.

Gestión supo también que la frustración en Brookfield es generalizada con el marco peruano de inversiones. “No aplica solo al grupo de infraestructura. Hay grupos que miran oportunidades, pudieran estar haciéndolo ahora, pero no es factible”, comentó.

Por su parte, la MML lamentó que Brookfield realice esta demanda en desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió el “inhumado y lesivo cobro de peaje de Chillón”. “La MML continúa litigano en Washington (EE.UU.) contra Brookfiel”, agregaron en un escueto comunicado.

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Las implicancias alrededor del Ciadi

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal (CF), indicó que esta situación es lamentable porque fue previsible y se venía alertando que los incumplimientos a contratos tienen graves consecuencias.

“Esperemos, en verdad, que el Estado pueda tener un argumento sólido. Lo que no se quiere es ser conocido porque el Estado desconozca obligaciones, marcos jurídicos, sentencias de arbitrajes previos. Estos desconocimientos no había ocurrido nunca en los últimos 30 años. Se pierden garantías [como destino de inversión privada]”, comentó.

Una de las principales preocupaciones está relacionada al monto de la demanda, así se falle en parte a favor de Rutas, por la contingencia financiera que implicará para el país.

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Tanto Segura como Adrián Simons, socio de Simons & De Noriega, observaron que el escenario es adverso para el país, pues -como bien señala Brookfield- ya se perdió casos alrededor de esta concesión y se incumplió las obligaciones requeridas.

“Ya se perdió casos e incumplieron obligaciones, lo cual le da mayor sustento a Brookfield. Preocupa los incumplimientos sistemáticos. Como peruano, uno quisiera que la demanda se desestime, pero hay antecedentes”, comentó Segura.

En la misma línea, Simons indicó que, sin duda, los precedentes de las recientes decisiones arbitrales en contra del Estado terminará siendo presentadas ante el Ciadi y serán valoradas por los árbitros. “Se valorará la conducta del Estado en las obligaciones, en los grados de incumplimiento”, señaló y subrayó el costo de los fallos en contra lo terminan asumiendo todos los peruanos, tanto al asumir los daños como contratar la defensa de expertos extranjeros.

El Perú en deterioros jurídicos

Simons mencionó que, en general, se observa un deterioro de la seguridad jurídica en el Perú, que termina incidiendo en el ánimo de los inversionistas. “Ya no son actos aislados, sino que hay una constante de casos ante el Ciadi”, apuntó.

Esto se identifica, principalmente, en los últimos tres años. Al respecto, agregó que el Gobierno debe fortalecer la fase de negociaciones previas al Ciadi, puntualmente el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci).

“Se debe replantear la organización del Sicreci para tener a altos funcionarios allí. Lo que está en medio no es solo la generación de contingencias económicas, sino que se impacta la imagen del Perú”, comentó.

Consultado sobre este escenario de denuncia al Perú, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicaron que no tenían comentarios al respecto.

SOBRE EL AUTOR

Ricardo Guerra Vásquez

Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.