
La Asociación de Bodegueros del Perú expresó su preocupación ante los efectos que traerá para miles de pequeños negocios la reciente modificación del plazo para la utilización del crédito fiscal, establecida en el Decreto Legislativo 1669.
Hasta hace poco, las bodegas y pequeños negocios podían realizar compras de mercadería en volumen y compensar el IGV de dichas adquisiciones con las ventas efectuadas en un periodo de hasta 12 meses.
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Sin embargo, con la modificación introducida por el Decreto Legislativo 1669, este plazo se ha reducido drásticamente a solo un mes, afectando la estabilidad financiera de estos negocios.
“El IGV es un impuesto que recaudamos para el Estado y que es pagado por el consumidor final. Con este cambio, muchas bodegas se verán obligadas a sumar el saldo del IGV no recuperado al costo de los productos, lo que generará un incremento en los precios y afectará directamente al consumidor”, advirtió Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú.
El impacto de esta medida podría traducirse en un aumento de la inflación, una reducción de la demanda y, en consecuencia, una caída en las ventas de los pequeños negocios, explicó el representante del gremio.
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Esto, según considera, pone en riesgo la sostenibilidad de miles de bodegas en todo el país, promoviendo la informalidad y la quiebra de muchos de estos emprendimientos.
Ante esta situación, la Asociación de Bodegueros del Perú hace un llamado urgente al Gobierno y a la Administración Tributaria para reconsiderar esta medida y evaluar alternativas que no perjudiquen a las empresas formales del sector.
“Reiteramos nuestro compromiso con la formalización y el crecimiento del sector, y nos mantenemos abiertos al diálogo con las autoridades para encontrar soluciones que beneficien a todos los actores económicos”, finalizó Choy.