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El COVID-19 quebró la ilusión de miles de parejas de casarse en el 2020. En Perú, de las 100,000 ceremonias que se tenía previsto realizar aquel año, un 30% simplemente renunció a la idea de una celebración; un 30% postergó la boda para este 2021 en ceremonias mucho más íntimas, y un 40% aún espera con ansias el 2022 para cumplir el sueño de tener una gran fiesta con más de 100 personas.
Pero el panorama aún es incierto. No solo porque se desconoce si una nueva variante podría poner mayores restricciones a las actividades económicas y celebraciones, sino, porque -a casi dos años del inicio de la pandemia- el sector de eventos sociales no masivos ni deportivos -organizadores de bodas, fiestas infantiles, quinceañeros, etc.-, no cuenta con un protocolo sanitario aprobado que les permita reactivarse. Así, separar un local abierto para dichos eventos, oficialmente, no está autorizado.
Por ello, para Lynda Lamadrid, vocera de la Cámara de Profesionales de Eventos (Capev) fue una sorpresa cuando el presidente Pedro Castillo organizó una fiesta infantil -con show incluido- a su hija menor en Palacio de Gobierno.
“La norma solo aprueba eventos corporativos pero no eventos sociales, esos están prohibidos pese a que tenemos un protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de la Producción pero que el Ministerio de Salud aún no le da el visto bueno”, dijo a Gestión.pe.
Esta situación habría afectado a los 220,000 eventistas (entre wedding planners, empresas de catering, decoradores, tolderos, sonidistas, mozos, floristas, etc.) que habían en el Perú a inicios de la pandemia.
Según testimonio de Lamadrid, floristas reconocidas y dueñas de catering fallecieron de COVID-19 sin tener la oportunidad de ver sus negocios reactivarse. Por ello, al menos el 50% de los asociados se habría visto forzado a buscar otras fuentes temporales de ingresos. En tanto, otro porcentaje pequeño continúa ofreciendo los servicios pero “casi en la informalidad”.
Demanda y precios
La rotación y demanda de bodas y eventos sociales comenzaría el 2022 con un repunte, un crecimiento de casi 40%, explicado por la cantidad de personas que postergaron sus celebraciones en los dos años previos. Sin embargo, “les tendríamos que decir que no si no se levantan las restricciones”, indicó Lamadrid.
De ocurrir el escenario pesimista, las pérdidas aumentarían a más de S/ 2,000 millones, principalmente por las postergaciones de los matrimonios que son el evento social que más dinero mueve, seguido de fiestas de cumpleaños.
Y es que el ticket para una boda en Perú, para un promedio de 100 invitados, podía oscilar entre los S/ 35,000 y S/ 150,000 en las denominadas boda sencilla, tradicional o premium. Una boda fastuosa, en cambio, podía cotizarse en más de US$ 300,000.
Sin embargo, el próximo año ese ticket disminuiría “porque, en el caso de los novios, optarían por celebraciones no tan pomposas”, una salida frente a los menores ingresos de la pareja.
Cabe indicar que de las 100,000, las denominadas bodas destino representaban un 30%, es decir, aquellas parejas conformadas por algún extranjero que optaba por casarse en Perú, o cuando la boda se trasladaba de una región a Lima o viceversa.
“Demanda del servicio hay, recibimos siempre llamadas, pero sin reglas de juego claras en muchas ocasiones debemos declinar. En otras, se les explica a la pareja que se puede organizar el evento pero sin pista de baile, sin show. Y otros, tratan de implementar sus propios protocolos para que el negocio no muera. Así estamos. Vemos que todos se reactivan pero nosotros somos los olvidados”, refirió.
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