La Comisión de Economía del Congreso envió a un cuarto intermedio para que se someta nuevamente a estudio la propuesta que plantea ampliar las facultades del Banco de la Nación para que compre, venda y exporte oro, entre otros metales preciosos.
La medida, que fue presentada por Jorge Montoya (Honor y Democracia) en julio de 2024, se frenó para una mayor evaluación con 17 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley 8491 propone modificar la esencia del marco normativo del banco (ley 16000) para implementar medidas de supervisión financiera, tributaria, aduanera, ambiental y de prevención de delitos financiero, entre otros, ante la problemática de la minería ilegal.
“[El banco] realiza operaciones de compra y venta, comercialización de minerales, particularmente, oro, proveniente de la minería artesanal y pequeña escala formalizada”, se buscaba agregar como finalidad de la empresa financiera pública.
El presidente de la comisión, Ilich López (Acción Popular), consideró la propuesta como “audaz para intervenir la minería informal”.
“El objeto es que los recursos naturales que tiene el país, que son comercializados muchas veces de manera informal, puedan tener una relación directa y formal con el Banco de la Nación (…) [se busca que pueda] comprar y vender oro en el mercado interno o exportarlo por cuenta propia o encargo”, sostuvo.
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Sin embargo, el congresista José Revilla (Fuerza Popular) pidió enviar la propuesta a un cuarto intermedio luego de realizarse una serie de observaciones a la medida.
“¿Estamos listos para darle al Estado una función comercial de alto riesgo en un mercado tan volátil como el de los metales preciosos? Una respuesta con responsabilidad sería que no”, comentó.
El congresista agregó que el propio Banco de la Nación señaló que no cuenta con personal capacitado para estos nuevos encargos. A esto se suma que la SBS observó que se compromete su solvencia, además de que no hay estudios sobre los riesgos, las inversiones y fraudes.
Otra crítica fue que las entidades técnicas, como el Ministerio de Energía y Minas (Minem), de Economía y Finanzas y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), rechazaron esta propuesta por falta de sustento técnico legal. “Es peligroso y complicado”, consideró.
