Ante la ola de violencia en el país, el Congreso viene debatiendo un proyecto de ley enfocado en establecer medidas extraordinarias y transitorias contra la extorsión y el sicariato en las empresas de transporte público. La medida ya tiene el visto bueno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero se plantean algunos ajustes.
Durante su presentación en la sesión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional y de Transportes del Congreso, Aldo Prieto, respaldó los tres ejes principales de la iniciativa, que incluyen la prevención, la respuesta inmediata y la rehabilitación.
“El sector transportes ha basado su opinión tomando en cuenta los principios que motivan el proyecto de ley, que son el incremento de la seguridad en las condiciones de trabajo, la suspensión de servicios y las pérdidas económicas en el sector de transporte urbano e interprovincial. El proyecto ya ha sido bastante revisado por los colegas que me han antecedido, pero en el sector transportes me permito destacar que los tres ejes principales”, indicó.
LEA TAMBIÉN: Extorsión en niveles récord marcará la agenda de José Jerí: cifras y costos del crimen
Prieto se mostró de acuerdo con lo planteado para la prevención, que incluye la implementación de certificaciones de rutas con criterios técnicos y zonas identificadas de alto riesgo, así como la creación del fondo de riesgo para brindar apoyo financiero de contingencia a las empresas afectadas, entre otras medidas.
Respecto al segundo eje, de inmediata, destacó que se plantee una coordinación operativa entre la Policía Nacional, el MTC, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) para activar acciones rápidas ante eventos de extorsión o violencia, la integración de sistemas de videovigilancia en vehículos y paraderos, y la definición de rutas alternas temporales para asegurar la continuidad del servicio en zonas críticas.
Además, tercer eje que destacó está relacionado a la importancia del apoyo financiero, crediticio o técnico a las víctimas, la reparación de flotas e infraestructura, la asistencia psicológica y legal a los trabajadores perjudicados, y la conformación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GES).
A pesar del respaldo, el ministro señaló que se deberán tener en cuenta algunas recomendaciones técnicas. Uno de los puntos más importantes es la necesidad de coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para asegurar la viabilidad presupuestal y sostenibilidad de todas las medidas propuestas en el proyecto de ley.
