En medio de la disputa de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Cosco Shipping Ports, la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) se pronunció a favor de la empresa. Según el gremio, la exclusividad autorizada por la APN para la prestación de los servicios de interés público no se dieron en un contrato, sino actos administrativos.
Como se recuerda, hace unas semanas se inició una controversia al conocerse que la APN pidió a la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anular la exclusividad otorgada a Cosco al considerar que se trataba de lo que calificaron como un “error administrativo”.
Asppor indica que al no tratarse de un contrato, la APN tramitó esta medida como un pedido de interés. De esta manera, con la RAD N° 0008-2021-APN-DIR no solo se le dio la habilitación portuaria, sino que también se autorizó a Cosco a tener exclusividad en los servicios de su propio puerto.
“Cosco ha solicitado la exclusividad y al no tratarse de un contrato, la APN lo tramitó como un pedido de interés particular del administrado, al amparo del artículo 117 del TUO LPAG y de conformidad con el inciso 20 del artículo 2 de la Constitución”, explicó Favio León Lecca, presidente del gremio.
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Aunque esto excluye a otras empresas para prestar los mencionados servicios dentro del Puerto de Chancay, Cosco podrá prestar dichos servicios no solo directamente, sino también a través de terceros.
León Lecca agregó que, teniendo en cuenta la opinión de analistas, un acto administrativo se circunscribe a lo permitido por el cuerpo normativo de su sector, por lo que no hubo impedimento alguno para otorgar esta exclusividad a Cosco.
“Retroceder a estas alturas es empañar el clima de inversión en el sector justo cuando se viene la inauguración de sus operaciones en el marco del APEC. La coherencia normativa es un pilar de la estabilidad jurídica. Invocamos a las autoridades a respetarla y promoverla. El Estado y los consumidores verán la ganancia en este círculo virtuoso”, sostuvo.
Además, el presidente de Asppor recordó que la inversión en el Puerto de Chancay y los riesgos que conlleva solo fueron asumidas por la empresa, a diferencia de una APP en la que el Estado y el privado comparten riesgos.
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