El fin de semana, el anuncio de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vasquez, sobre el cierre definitivo de cuatro operaciones mineras en Ayacucho, despertó la preocupación de diversos sectores por los impactos que esta medida puede generar.
Uno de sus impactos más significativos estaría en la inversión privada y el empleo. Esto último tomando en cuenta que el anuncio de la primera ministra se da en plena recuperación del empleo minero en el Perú.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) hasta setiembre de este año 241,671 personas trabajaban de manera directa en el sector minero. Esta cifra significa hay 51,699 puestos de trabajo más que hace un año a nivel nacional, pues en octubre del 2020 eran 189,972 empleados directos (ver gráfico).
En el caso de Ayacucho, la actividad minera viene generando más de 8,000 empleos directos, superando a los cerca de 6,000 que se creaban hace un año.
Imprecisiones
La tarde del sábado, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó un comunicado en el que se señala que tras el acuerdo con la población de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, en el acta suscrita se “ratifica el cumplimiento de los planes de cierre de las unidades mineras Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada”.
Sin embargo, en el acta firmada por los representantes del gobiernos y las comunidades ayacuchanas, no se evidencia un compromiso tajante sobre el cierre de las minas mencionadas, sino que se “revisará el proceso de cierre de la actividad minera con la participación de las comunidades”.
La Ley N° 28090, que regula el cierre de minas en el Perú, no establece que el fin de una unidad minera la puede tomar el Gobierno de manera unilateral, sino que es un proceso que está en constante evaluación.
“La ley de cierre de minas no tiene ningún artículo que se obligue a cerrar, sino que busca que las empresas mineras grandes y medianas incorporarán en su planificación que en algún momento iban a cerrar. Por ello se incorporan dos conceptos: el cierre progresivo y el cierre final”, explicó la exdirectora general de Minería del Minem, María Chappuis.
Es decir, las fechas que se presentan para el cierre de minas no son fijas y pueden extenderse, según la disponibilidad de los minerales que se explotan .
A ello se suma que el Estado, a través del Minem, exige una garantía a las empresas mineras para financiar el cierre de las minas. Chappuis refirió que actualmente estas garantías suman más de US$ 2,000 millones.
Situación de minas
De las cuatro minas en cuestión, Apumayo es la que sí debería cerrar, ya que tanto el Minem como el Consejo de Minería desaprobaron su solicitud de modificación de plan de cierre de minas. En el Minem consideran que desde el 2018 no puede operar, pues se encuentra en fase de poscierre.
En el caso del proyecto Inmaculada, la Compañía Minera Ares, filial de Hochschild Mining, tiene planeado extender la vida útil de la unidad minera de oro y plata hasta el 2041. Senace ya admitió la segundo modificación de su EIA.
Pallancata y Breapampa también están en plena operación.
LAS CLAVES
- Reuniones. El Minem se reunirá con las empresas mineras Apumayo, Sami SAC y Compañía Minera Ares.
- Sin deudas. OEFA afirmó que impuso multas por un monto total de 114,913 UIT a las empresas mineras en mención y todas están pagadas.
- Apoyo. El Ministerio de Justicia se comprometió a apoyar a los líderes de protestas sociales en Ayacucho.
EN CORTO
- Canon. Otro de los riesgos a los que se enfrenta la región Ayacucho con la posibilidad del cierre de las cuatro unidades mineras es que disminuyan sus recursos por canon, regalías y derechos de vigencia. Este año, con el auge de los precios de los minerales, la región del sur viene recibiendo más de S/ 110.4 millones por los tres conceptos mencionados. En temporadas con precios más bajos, estos recursos suman alrededor de S/ 50 millones en promedio.
No habrá intangibilidad para actividades económicas en cabeceras de cuenca
Uno de los acuerdos entre el Gobierno y los representantes de las comunidades de Ayacucho es que la Autoridad Nacional del Agua (ANA)priorizará la implementación del marco metodológico para la identificación, caracterización y zonificación de las cabeceras de cuenca, en las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara.
Los resultados de este proceso estarán en el primer trimestre del 2022, convirtiéndose en la primera región del país en la que se aplicará el mencionado marco metodológico.
La intención del Gobierno es usar esta experiencia como un piloto para luego replicarla en todo el país.
Al respecto el viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, afirmó que la identificación de las zonas de cabecera de cuenca, permitirá que en los estudios de impacto ambiental (EIA) que se presenten, considerando el análisis de vulnerabilidad, determinen las condiciones de explotación y en ningún caso la intangibilidad de las zonas.
“La intangibilidad significaría, no solamente una prohibición de la minería, sino de cualquier otra actividad y lo que se tiene que hacer es tener mayor cuidado en las zonas de protección de recursos hídricos, pero que está en el proceso regulado, nada fuera de la ley”, dijo en Agenda Política.
Castro refirió que las afirmaciones de la premier no significa que no se vaya a permitir nuevas ampliaciones de minas.