El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso la semana pasada la prepublicación del documento denominado Anteproyecto del Código del Trabajo (CT) por un plazo de 20 días calendario a fin de recibir opiniones y comentarios.
Para la titular del sector, Betssy Chávez, con este nuevo código se busca aplicar una norma más favorable para los empleados (ver otrosí digo), sin embargo, ya existen algunos cuestionamientos -que incluso ya adelantó Gestión (11.04.2022)- en torno al texto y su impacto en la actividad empresarial.
Según un último reporte del estudio Vinatea & Toyama, “más que una simple compilación de la normativa existente, pretende reformar gran parte de nuestras relaciones laborales”.
“Se propone una mayor rigidez, limitaciones legales que no tenemos hoy y nuevos procedimientos que restringirían y encarecerían en mayor medida el funcionamiento de las empresas formales de cualquier tamaño”, se menciona en el reporte.
Además, agrega el estudio de abogados, no propone ninguna regulación que promueva la formalización, mejore la productividad y reduzca la informalidad de más del 76% de la PEA. En el 2021, la población ocupada urbana con empleo informal, es decir los ocupados sin beneficios sociales o que trabajan en unidades de producción no registradas, alcanzaron los 9.5 millones de personas, lo que significó un incremento de 23.6% respecto al 2020 y de 6.5% si se compara con el 2019, según INEI.
No respetaría acuerdos
También se menciona que hay propuestas que no respetan los acuerdos que se lograron entre sindicatos y empresas en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), cuando se debatió el proyecto de Ley General de Trabajo, base de este anteproyecto.
“El MTPE ha dado un plazo de 20 días para recibir sugerencias y, luego de ello, se presentaría el proyecto al Congreso para su debate”, refiere.
De hecho, el abogado laboralista Jorge Toyama dijo a Gestión que dados los cambios significativos que se proponen, el anteproyecto debería pasar por el Consejo Nacional de Trabajo (ver opinión), pero -dice además el estudio de abogados- “lamentablemente parece, por las declaraciones que se están brindando, no estar en el mapa de las autoridades”.
Aun cuando todavía falta camino por recorrer, es oportuno conocer los cambios más relevantes del anteproyecto de CT, que tiene 440 artículos y 47 disposiciones adicionales (ver tablas).
Entre otros, Toyama indicó que el proyecto dispone un pago por refrigerio, contratos escritos con gerentes, presentaciones de contratos al MTPE, indemnizaciones por despido sin topes, bonos no salariales para sindicatos, topes de sanciones, más pagos de vacaciones y gratificaciones.
Urge convocar al Consejo Nacional de Trabajo
Jorge Toyama Miyagusuku, Abogado Laboralista
El MTPE ha difundido un proyecto de Código de Trabajo que propone más costos laborales, mayor rigidez e incluye formalidades ya derogadas.
Es un proyecto que no nace del diálogo social, lamentablemente. Incluso, hay propuestas que se oponen a los acuerdos entre sindicatos y empresas cuando se dialogó el proyecto de Ley General de Trabajo. La falta de diálogo ha sucedido también con la aprobación de la RMV y la prohibición de tercerizaciones. Sin debate previo, sin escuchar, se emiten normas.
La informalidad ha crecido, el desempleo se ha duplicado y el subempleo está en niveles muy altos, así como las desigualdades se han ampliado por las crisis sanitaria y económica que han perjudicado a jóvenes, informales e independientes. Estos graves problemas no son abordados con este proyecto. Más todavía, se generará más informalidad y desempleo al volvernos menos atractivos para la inversión privada.
No hay prisa, se debió y debe convocar con urgencia al CNT para abrir el diálogo y lograr normas que nazcan con legitimidad social, como recientemente en España.
Otrosí digo
Principio. El Código de Trabajo (CT) que impulsa el Ejecutivo busca aplicar una norma laboral más favorable para los empleados, señaló la ministra de Trabajo, Betssy Chávez.
Por ejemplo, explicó que en el CT se está retomando el principio del derecho laboral ‘in dubio pro operario’, mediante el cual, en caso de duda de una norma, esta se interpretará a favor del trabajador.