Tras 25 años de haber iniciado actividad minera en el Perú -y que la mantiene entre las top 10 productoras de cobre a nivel mundial-, la compañía Antamina puso en marcha su proyecto destinado a extender la vida útil de su operación en la región Ancash hasta 2036, con una inversión de más de US$ 2,000 millones.
El inicio del proyecto se da, luego que la empresa obtuviera, en febrero del 2024, la aprobación de la modificación de su Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) para esa iniciativa, luego de casi cuatro años de presentada al Gobierno peruano.
Fabiola Sifuentes, vicepresidenta de Medio Ambiente de la empresa, refirió que el proyecto busca la optimización de los componentes mineros ya existentes dentro de su actual área de operaciones (en el distrito de San Marcos), como son su complejo polimetálico de tajo abierto, botaderos y presa de relaves, y que la inversión la están realizando por etapas.
Antamina es un joint venture conformado por sus accionistas, las empresas BHP (con el 33.75%), Glencore (también con el 33.75%), Teck (con el 22.5%), y Mitsubishi (con el 10%), dedicado a la producción de concentrados de cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo.
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Su producción había retrocedido a junio
Según los últimos reportes del Ministerio de Energía y Minas (Minem), de enero a junio del 2025 Antamina produjo un total acumulado de 166,512 toneladas métricas finas (TMF) de cobre, volumen 26% inferior respecto a igual periodo del 2024, y que la retrocedió al cuarto lugar entre los principales productores locales del metal rojo (con un 12.5% de participación).
Vale recordar que, entre 2023 y 2024 la empresa ya había retrocedido al segundo lugar entre los principales cupríferas (con 435 mil a 434 mil TMF anuales en cada año) luego que alcanzara el primer lugar el año 2022, donde aportaba casi el 20% a la producción nacional del metal rojo, al ser superada por la mayor producción de otras grandes compañías.
Antamina realiza estudios para seguir operando más allá del 2036 (Foto: GEC).
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Según indicaron representantes de Antamina en diálogo con los medios, este proyecto busca mantener los niveles de producción de la empresa.
Sifuentes explicó que, tras la aprobación del MEIA (el 2024), la empresa, al tener una operación ya encaminada, venía procesando sus licencias y permisos sectoriales para el proyecto, los cual se han ido obteniendo en forma progresiva, de forma que la iniciativa ya está en construcción.
Evalúan seguir operando más allá del 2036
Sin embargo, Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad de Antamina, y ex ministra de Economía y Finanzas, objetó el plazo que tomó la aprobación del MEIA por parte del Gobierno.
“El MEIA demoró cuatro años, son cuatro años en que dejas de invertir y producir, y cada vez se nos hace más complicado mantenernos en el tiempo”, aseveró.
En tanto, según la empresa, aunque el proyecto planea extender la vida útil de la mina hasta el año 2036, están realizando estudios que les permitan seguir operando aún por un mayor tiempo. “Antamina no tiene planes de cerrar (operaciones) ni en lo inmediato ni en el mediano plazo”, sentenció Fabiola Sifuentes.
En otro momento, Cooper refirió que aún enfrentan retos para poder concretar diversos proyectos pendientes en el ámbito social en el área de influencia de sus operaciones, y que realizan bajo el esquema de Obras por Impuestos (OxI).
La firma ha culminado ya un aproximado de 47 proyectos en OxI, y tiene otros 7 con diverso grado de avance, entre ellos el proyecto de saneamiento en el distrito de San Marcos, un proyecto de riego en la zona de Huachis, hospitales, entre otros.
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Los retos pendientes
Cooper reconoció que muchos proyectos sociales, aún bajo ese sistema de OxI, no se terminan a tiempo, como el caso del proyecto de saneamiento en San Marcos, que después de 22 años de planteado recién tiene provisión de concretarse.
La ejecutiva señaló que, el problema (por la demora de los proyectos) no está en la cantidad de trámites a realizar para poder aprobarlos, sino en la falta de instituciones sólidas, pues ante la carencia de estas, los funcionarios crean más procesos (para su aprobación).
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En general, refirió que los proyectos (de obras de servicios públicos) pueden demorar entre 10 a 15 años en realizarse, y que si bien las autoridades regionales y locales necesitan entregar esas obras, la corrupción puede generar procesos más lentos.
Asimismo, dio a entender que otro reto que deben afrontar para mantener sus operaciones, es la convivencia en la zona con las diversas comunidades asentadas en el área de influencia de la compañía, y con las cuales, remarcó, tienen reuniones periódicas, aunque reconoció que (en ocasiones) deben realizar procesos de negociación que no son fáciles y se dan en ambientes de tensión.
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