Al convocar a elecciones generales, la presidenta Dina Boluarte afirmó que el Perú celebrará comicios en un entorno alentador: recuperación económica en curso, inflación bajo control, tipo de cambio estable, y niveles récord de inversión pública y exportaciones.
Sin embargo, dicha caracterización subestima groseramente la vulnerabilidad que enfrentamos ante un panorama incierto, tanto por el contexto interno como por el internacional.
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Incertidumbre comercial
En el frente externo, el riesgo más latente continúa siendo la guerra comercial entre las potencias globales. Luego de vivir días de gran volatilidad financiera, la tregua anunciada por el mandatario estadounidense le da un respiro al mundo. Sin embargo, la incertidumbre respecto a la política arancelaria continuará siendo una espada de Damocles para el mundo y persistirá el riesgo de una desaceleración en el crecimiento global.
La intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China que aún persiste podría afectar el funcionamiento de las cadenas globales de producción, frenar la demanda externa y deteriorar nuestros términos de intercambio.
Para el Perú, una economía pequeña, abierta y altamente dependiente del entorno global, este escenario será especialmente desafiante. Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), alrededor del 60% de la variabilidad del PBI peruano en los últimos 15 años ha estado explicada por factores externos como las variaciones en el PBI mundial y cambios en los precios de nuestras exportaciones.
Tras una pausa de 90 días, no es evidente si el Gobierno peruano logrará negociar que se respete el acuerdo bilateral vigente con los Estados Unidos, lo que pasaría por atender la lista de reclamos de la administración estadounidense utilizada como justificación para la imposición de aranceles “recíprocos” hacia nuestro país.
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Incertidumbre interna en Perú
A nuestros problemas estructurales debemos sumar un factor que la evidencia ha documentado con claridad: los contextos preelectorales están marcados por un aumento de la incertidumbre.
Un análisis del índice de incertidumbre económica (EPU, por sus siglas en inglés) muestra que este indicador se incrementa, en promedio, un 13% en los tres meses previos a una elección general.
En el caso peruano, un estudio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), publicado en 2022, revela que los picos de incertidumbre económica suelen concentrarse en los ciclos electorales. Esto coadyuva a la postergación de algunas decisiones de inversión ante la expectativa de cambios en las reglas del juego.
Desde Videnza Instituto, para el año preelectoral identificamos dos flancos que podrían afectar el “optimismo” que ha mostrado el Gobierno.
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Parálisis estatal en el Perú
Es una realidad que muchos funcionarios públicos no toman decisiones ante el riesgo de ser sancionados por los entes de control en investigaciones futuras.
En un entorno institucional donde la amenaza de sanciones por parte de la Contraloría General de la República es constante y donde prevalece una marcada politización de las entidades que administran justicia, muchos funcionarios limitan el ejercicio de su discrecionalidad y la mejor acción tiende a ser la inacción.
Esta aversión al riesgo se traduce en la reticencia de darle el pase a inversiones que dependen del otorgamiento de permisos o la suscripción de adendas a contratos de concesión que están próximos a vencer.
Estas permitirían inversiones por más de US$ 9,465 millones en proyectos de transporte, energía y gas natural. Sin embargo, su viabilidad requiere más que voluntad política al más alto nivel: demanda la coordinación de múltiples agentes y la toma de decisiones de manera célere y oportuna.
A ello se suma el riesgo de que el “shock desregulador” se quede en el papel. El paquete inicial contempla 402 medidas, pero solo una parte puede ser implementada directamente por el MEF. El grueso de normas es sectorial, muchas dependen de la voluntad de Gobiernos municipales que tienden a priorizar su autonomía funcional y media centena de medidas demandan la aprobación de normas con rango de ley.
La ejecución real de estas reformas exige consensuar con el Congreso, una gran capacidad de convencimiento de un Ejecutivo débil y permisivo, y la voluntad de “comprarse pleitos” de los actores políticos. Nada de eso es fácil en un escenario preelectoral donde los móviles clientelares y proselitistas son los que dominan.
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Fragmentación política y populismo
El actual contexto político combina altos niveles de fragmentación, desconfianza ciudadana e incentivos perversos para competir sin coaliciones ni propuestas articuladas.
Según el Jurado Nacional de Elecciones, a la fecha hay 41 partidos inscritos para las elecciones generales de 2026. Esta cifra es el doble que en 2021 y tres veces más que en 2016. Esta proliferación no responde a una mayor vitalidad democrática; por lo contrario, parece estar ligada a una competencia centrada en intereses particulares y al deterioro de estructuras partidarias tradicionales.
Este contexto configura un caldo de cultivo para que posiciones extremas ganen espacio. A ello se suma la preocupante participación de actores vinculados a economías ilegales que, aprovechando la flexibilidad del sistema, colocan representantes en los poderes del Estado para defender agendas particulares y móviles ilícitos.
Además, la relación entre Ejecutivo y Legislativo se ha caracterizado por el cortoplacismo, las tensiones constantes (con interpelaciones ministeriales al alza) y la ausencia de una agenda que beneficie al colectivo.
Esto se traduce en un Gobierno incapaz de contener iniciativas legislativas que comprometen la estabilidad macroeconómica del país o el aprovechamiento político de una supuesta crisis externa para promover agendas populistas o responder a intereses clientelares.
Los comicios generales de 2026 implicarán la elección de diputados y senadores, dado el retorno de la bicameralidad. Sin embargo, según una reciente encuesta de Datum Internacional, cerca del 50% de los peruanos desconoce que se votará por dos cámaras; y ocho de cada diez aún no está pensando en por quién votar.
Esta combinación de desinformación, bajo interés y un cronograma electoral ajustado plantea un riesgo real de voto mal orientado. A ello se suma una oferta electoral inmensa y fragmentada, que dificulta evaluar con claridad a las candidaturas. Como consecuencia, se anticipa un voto altamente disperso que dificultará aún más la gobernabilidad del país.
En suma, el Perú no es ajeno a las dinámicas preelectorales que afectan la economía: fragmentación institucional, alta polarización y un escenario electoral incierto. Si bien mantenemos fortalezas macroeconómicas que mitigan los riesgos externos, los internos tienden a dominar la percepción de los agentes económicos.
A medida que se acerquen los comicios del año entrante, la movilización y protesta social irán en aumento ante la incapacidad mostrada por el Gobierno. Aquellos partidos que aspiren a gobernarnos debieran exigir a la administración de Boluarte que, en su recta final, lidere una agenda mínima que mitigue estos riesgos y evite un desenlace electoral como el que tuvimos en 2021.
Lo peor sería exacerbar la complacencia mostrada por la mandataria y la ficción que pretende proyectar respecto a la larga lista de desafíos que tenemos como país.
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“Año preelectoral e incertidumbre”
Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Videnza. fotos: Joel Alonzo
Los últimos días hemos presenciado cuán vulnerables somos a cambios súbitos en el entorno internacional. El consenso de analistas señala que el principal riesgo que enfrenta el mundo es la incertidumbre global por crecientes tensiones geopolíticas y geoeconómicas.
En nuestro país, esto nos toma iniciando un año preelectoral bien posicionados con señales claras de recuperación de la confianza e indicios de plena reactivación económica, pero con múltiples flancos de vulnerabilidad.
El reto central es que la parálisis de la administración pública impida la implementación de una oxigenada agenda que prioriza acelerar la ejecución de proyectos de inversión y reducir los costos de transacción que frena la actividad empresarial.
Más que anuncios y buenas intenciones, se requiere alinear los incentivos de agentes estatales y movilizar una voluntad política que transcienda al MEF. Todo esto para frenar el impacto adverso que la degradación institucional y el oportunismo político han tenido este quinquenio sobre nuestra economía.
Mitigar la incertidumbre típica de años preelectorales que paraliza inversiones es la tarea usual. Sin embargo, esto se verá desafiado por un entorno hostil donde la fragmentación política y el desencanto ciudadano pueden ser terreno fértil para obtener resultados electorales similares a los que tuvimos en las últimas elecciones generales.
