El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que extinguirá 14 programas de inversión y los trasladará a la facultad de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Esta medida, argumentó el titular José Salardi, permitirá “una reducción de costos y eficiencia en la gestión, ejecución y supervisión” de las obras.
El aviso se desplegó durante una intervención encabezada por Dina Boluarte, la presidenta de la Nación, quien reiteró que se trata de una “optimización del gasto público”.
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Programas de inversión “desarticulados”
Salardi explicó que las 14 unidades generan un acoplamiento de gerencias, logística Y recursos humanos; en suma, “se sobreponen muchas funciones al respecto”.
Además se trata de un funcionamiento “desarticulado” —acotó— cuando lo que en realidad se busca es “más inversión y menos burocracia”.
En esa línea, enumeró los programas de inversión que se extinguirán y cuyas carteras se incorporarán a la ANIN:
- Provías Nacional
- provías Descentralizado
- Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel)
- Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied)
- Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis)
- Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)
- Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR)
- Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC)
- Programa Subsectorial de Irrigación (PSI)
- Plan Copesco Nacional (PCN)
- Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR)
- Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB)
- Programa Nuestras Ciudades (PNC)
- Plan Nacional de Diversificación productiva (PNDP)
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La justificación: ¿cierre de brechas?
El ministro del MEF especificó que los beneficios de esta medida se vinculan con un ahorro estimado de S/2,500 millones en el periodo de junio a diciembre del 2025. Y la proyección para el 2026 en adelante alcanza los S/4,000 millones.
Asimismo, sostuvo que los ministerios podrán priorizar sus funciones. “Van a estar más dedicados a su especialización”, dijo.
Otras justificaciones se concentraron en la reducción de costos y eficiencia en la gestión, ejecución y supervisión de la infraestructura, así como en una mayor calidad de estudios de preinversión y expedientes técnicos.
Finalmente, la disposición permitirá que los cierres de brechas se guíen bajo un enfoque territorial, lo que propiciaría un mayor impacto social.
Tras mencionar que “no habrá más burocracia ni tramitología enquistada por años”, la jefa de Estado remarcó que se da un paso decisivo al transformar a la ANIN en una Unidad Central de Inversión Pública.
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Transferencias con estrategia
Ronald Fernández Dávila, socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), considera que la decisión puede ser positiva. Sin embargo, “mucho va a depender de cómo se ejecute la misma”, aclara.
“Si bien la idea de la ANIN es poder ser la autoridad encargada de las inversiones de infraestructura pública, es importante que en esta transferencia se tengan en cuenta los errores del pasado, y que la transferencia no solo implique una disposición legal, sino también el traslado del conocimiento y del manejo de los proyectos”, señala.
El especialista se refiere a que el traslado debe permitir un mejor manejo de los proyectos y no un nuevo retraso por la falta de conocimiento. Es oportuno, subraya, dotar a la ANIN de los recursos necesarios para manejar las obras.
