Las modificaciones a la Ley N.° 29230 (Ley de Obras por Impuestos)  eliminarían el tope CIPRL, una “medida que representa un grave retroceso al desarrollo regional y local”, dijo la ANGR. (Foto: Congreso)
Las modificaciones a la Ley N.° 29230 (Ley de Obras por Impuestos) eliminarían el tope CIPRL, una “medida que representa un grave retroceso al desarrollo regional y local”, dijo la ANGR. (Foto: Congreso)
Redacción Gestión

¡Posición de rechazo! La manifestó, mediante un comunicado a la opinión pública, su profunda preocupación frente al contenido del dictamen del Presupuesto General de la República 2025. Las modificaciones a la Ley N.° 29230 (Ley de Obras por Impuestos) —argumentaron— eliminarían el tope CIPRL, una “medida que representa un grave retroceso al desarrollo regional y local”.

En esa línea, la organización detectó una privación a los gobiernos subnacionales de un mecanismo clave para la ejecución de proyectos de y servicios esenciales. “El presupuesto 2025 proyecta una distribución centralista e inequitativa de los recursos, asignando un 63.5% al Gobierno Central, mientras que solo un 21.6% corresponde a los gobiernos regionales y un 14.9% a los gobiernos locales”, acotó.

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En detalle

La eliminación del tope CIPRL genera preocupación porque implica la pérdida de S/ 34,000 millones destinados a 25 gobiernos regionales, 1,828 gobiernos locales y 32 universidades públicas, enumeró la ANGR.

Asimismo, señaló que obliga a financiar proyectos de ) exclusivamente con recursos presupuestales de cada entidad, los cuales ya están comprometidos para la continuidad de proyectos y otros gastos operativos, restringidos además por las normas presupuestales. “Esta medida pone en riesgo la ejecución de OxI, mecanismo que en 16 años permitió financiar 614 proyectos por S/ 10,598 millones en sectores como educación, salud, transporte, agua, saneamiento y seguridad ciudadana en 22 regiones del país”, subrayó.

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Llamado al Congreso

Al respecto, la ANGR rechazó la implementación de esta disposición y solicitó su revisión inmediata. “Hacemos un llamado al para evaluar con responsabilidad el impacto de estas medidas en la población. La eliminación del tope CIPRL no solo perjudica a las autoridades regionales y locales, sino que también afecta directamente a millones de ciudadanos que dependen de una gestión descentralizada y eficiente”, precisó.

En la misiva, también hizo énfasis en la escasa capacidad de las regiones para asumir un recorte que desarticula la capacidad de inversión. “Agrava la brecha de infraestructura y limita su respuesta ante emergencias”, concluyó.

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