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Luego de la decisión del Ejecutivo de reunirse en Palacio de Gobierno con autoridades y legisladores de Islay (Moquegua) para discutir, junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), los derechos al uso de agua para la mina de cobre Quellaveco, la empresa a cargo de su operación y diversos entes del sector minero, expresaron su posición sobre el tema.
Como informáramos, con base en un reporte de la agencia Bloomberg, en una reunión en Palacio de Gobierno la noche del martes, con presencia de la titular del Midagri, Patricia Ocampo, y el asesor principal del presidente Pedro Castillo, Alberto Mendieta, las partes acordaron dar una semana al Ejecutivo para que decida si suspende los permisos de agua para dicha mina.
Al respecto, la empresa Anglo American, a cargo de esa nueva mina, emitió una declaración que dio a conocer a Gestión, en la que señala que “hemos escuchado algunas posiciones del Ejecutivo sobre el otorgamiento de nuestra licencia de agua para Quellaveco, que generan preocupación”.
Explicó que tal inquietud obedece a que “(esas posiciones del Gobierno) ponen en duda la diligencia, transparencia y rigurosidad técnica con la que fueron dadas las autorizaciones por parte de la autoridad competente”.
Además, Anglo American indicó en su declaración que confía en que el Gobierno tome las mejores decisiones en beneficio del desarrollo del país y dentro del marco de la ley.
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No afecta suministro para riego ni consumo
Se sabe que, desde su fase de proyecto, Quellaveco contaba ya con una licencia de uso de agua para su operación (RD N° 0624-2022-ANA), dada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), ente adscrito al Midagri.
La obtención de esa licencia de uso, según fuentes allegadas a la compañía, fue la culminación de un proceso transparente iniciado en el 2008 y que demostró que no se afecta la disposición de agua para la población o agricultura, ni del valle del Tambo ni de la región Moquegua.
Para la operación de Quellaveco se requerirán 22 millones de metros cúbicos (MMC) anuales, que no provendrán de la fuente usada para el riego en ese valle o para consumo humano, sino que se empleará agua mineralizada naturalmente y del exceso de lluvias.
La principal fuente de suministro para la mina provendrá del río Titire (región Moquegua), con aguas no aptas para consumo de la población, agricultura o ganadería, pues supera 47 veces en boro y 12 en arsénico los parámetros establecidos (ECAs) por las autoridades ambientales peruanas (también supera largamente parámetros de FAO y OMS).
Su otra fuente será la Presa Vizcachas, en la misma región, con capacidad de 60 millones de metros cúbicos, y que almacenará agua de excesos que durante la época de lluvias terminan en el mar sin ser usada por la población o agricultura.
Según diversos estudios, cada año, más de 500 millones de metros cúbicos de agua terminan en el mar, en la cuenca de Tambo.
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Posición de empresarios del sector
Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú advirtió que si el Ejecutivo -atendiendo el requerimiento de las autoridades y legisladores de Islay-, paraliza el permiso dado por la autoridad del agua para la operación de esa nueva mina, habría una irregularidad.
Refirió que las empresas no pueden utilizar agua si no cuentan con los permisos correspondientes que otorga la ANA, y que cualquier impacto que pueda tener un proyecto en las fuentes de agua ha sido analizado y absuelto previamente durante la sustentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Por esas razones, enfatizó que si se atiende el pedido de autoridades y legisladores de Islay de suspender los permisos de agua, ello sería un acto irregular. “Esto se convierte ya en un tema de disputa política, que no es parte de los procedimientos regulares para autorizar una operación minera”, recalcó.
Por su parte, Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señaló -a título personal- que ya se veía venir la posición que ahora han adoptado funcionarios de Islay, y que consideró una estrategia de engaño de parte de las comunidades.
Explicó que durante todo el tiempo que estuvo en construcción el proyecto, las comunidades de la zona no habían expresado oposición a la mina, ni a las obras para abastecerla de agua, pero ahora que ya concluyó los trabajos y está por iniciar operaciones, lo objetan.
“Pero ahora que ya está todo hecho, es típico de nuestras comunidades la estrategia del engaño con esta reacción de que se impugnen los permisos y no puedo decir nada distinto del primer ministro, que el día de la clausura del Perumín dijo que aquí se tenía que respetar las leyes y que éstas eran para todos iguales y que había estabilidad para la inversión”, expresó.