La Autoridad Nacional del Agua (ANA) aprobó informes técnicos que inyectaron US$ 18,131 millones al capital de Perú.
La cifra representó más del doble de lo que se gestionó durante el 2023, que bordeó los US$ 7,500 millones, y cerca de cinco veces lo generado en el 2022, cuando se registraron US$ 4,452 millones.
Este crecimiento se explicó por la reorganización interna en la ANA, que permitió a la institución acortar los tiempos de atención de los expedientes de Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), según explica el jefe de la entidad, José Musayón Ayala.
“Se constituyeron tres unidades funcionales que maximizaron la eficiencia de nuestros especialistas implicados en las evaluaciones. Estos cambios permitieron a la institución emitir sus opiniones técnicas de manera oportuna frente a esos proyectos millonarios, una acción inédita en gestiones anteriores. Desde la ANA venimos acortando brechas postergadas durante muchos años”, señaló.
Incluso, se han gestionado cambios significativos para la optimización de plazos en la evaluación de los IGA, que determinan la factibilidad de estos proyectos claves para la economía.
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Factor tiempo, una observación constante
Musayón explicó que para que la ANA participe en la evaluación de los proyectos desde sus competencias, tiene que ser informada por el certificador del sector al que corresponda cada inversión.
“El certificador ambiental de cada sector envía un oficio a la ANA para que emita una opinión técnica vinculante. Este último año de gestión crecieron en más de 100% la cantidad de proyectos ingresados para su revisión. Todo ello con la misma cantidad de personal, presupuesto para emitir una opinión, y lo hicimos con celeridad y dentro de los plazos establecidos”, remarcó el funcionario.
En ese sentido agregó que, cuando la ANA emite su opinión con algunas observaciones, son las empresas en muchos casos las que demoran meses en enviar las subsanaciones, una acción que pueden realizar varias veces y que debe revisarse íntegramente ante cada nuevo ingreso.
De igual manera, señaló que, pese a que las competencias institucionales están claras, muchas veces hay injerencia y eso puede retrasar el desarrollo de un proyecto.
“Existen situaciones donde el certificador ambiental hace evaluaciones en el componente hídrico, un área que es competencia de la ANA, y realiza observaciones que fuerzan una nueva evaluación de nuestra parte, pese a que, en muchos casos, el expediente ya ha sido aprobado”, finalizó Musayón.
