ANA analiza 300 criterios para aprobar obras, ¿se acortarían si pasara al Minam?

Castro le dijo a este diario que el objetivo es reducir el tiempo que tarda Perú en autorizar un proyecto de envergadura de cinco años a uno. Para ello, el Minam ya le hizo un pedido a la ANA. Hoy se encuentran modificando sus Términos de Referencia (TDR) para dar mayor predictibilidad a las empresas sobre el contenido que deben entregarle para recibir su visto bueno. Una vez la ANA concluya su TDR mejorado, el resto de entidades opinantes harán lo mismo, apuntó el ministro.

Sin embargo, si bien la ANA es un opinante vinculante en materia ambiental, lo que significa que los proyectos no se aprueban sin su respaldo, no pertenece a Ambiente, sino al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). En este escenario, adscribir a la ANA al Minam podría darle una mayor fortaleza, detallan expertos a Gestión.

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¿Posible?

Según el titular del Minam, la ANA se ha burocratizado en exceso porque pretende abarcar demasiado. “Su calidad de evaluación es altamente exigente y los EIA que llegan allí son muy débiles técnicamente. Son insuficientes para todo el análisis que hace la ANA. Evalúan hasta 300 aspectos en materia hídrica”, asegura Castro.

La idea con el TDR optimizado, agregó Castro, es que estén allí listados todos los criterios que evalúa la ANA para un EIA, lo que volvería su aprobación un “checklist” veloz. Al respecto, Sofía Calderón, abogada en recursos hídricos de la firma legal Hydricons, saluda la decisión ya que el TDR actual de la ANA no es sencillo de comprender y data del 2016.

“Es bastante engorroso. Los aspectos no están estructurados numéricamente, sino en ítems con viñetas, dentro hay más y así van sumando. Es muy complejo”, refiere.

Para Julian Li, socio del área de Recursos Hídricos del Estudio PPU, por su desorden, hay elementos que podrían agruparse. “Hoy son 300, pero varios pueden ser un solo paquete. Por ejemplo, identificación de quebradas está muy vinculada a las medidas de manejo ambiental. No es que sean dos aspectos diferentes para observar, sino es uno solo: identificar bien los cuerpos de agua para definir cómo proceder”, recalca.

Ahora, si bien ambos expertos saludan la medida del Minam, creen que la ANA podría mejorar aún más si es que se le reforma a partir del uso de un extremo de su propia norma de creación.

Por ejemplo, recuerdan que la Ley de Recursos Hídricos, aprobada en 2009 y que rige las actividades de la ANA, dice textualmente en su sexta disposición complementaria final que esta entidad puede pasar al Minam cuando el ministerio esté totalmente operativo. El ministerio, vale recordar, se creó un año antes de la norma, en 2008.

Mayores pedidos. Según datos del Minam, la ANA es la entidad que más solicitudes de opinión sobre EIA ha recibido entre 2019 y 2022 en todo el Estado con 1,114. Muy lejos está el segundo puesto: Serfor con 664.

Evaluar esta posibilidad podría ser necesario, a raíz de que es una entidad opinante vinculante en materia ambiental, a diferencia de otras entidades del sistema, incluso de jerarquía superior en el organigrama del Estado, como el Ministerio de Cultura, que vela por el patrimonio cultural.

“Es importante sincerar finalmente a qué ministerio pertenecerá. El agua, al ser un recurso natural, le corresponde al Minam, pero no porque no esté ahí su TDR debe continuar siendo complejo. La ANA sigue siendo el rector en recursos hídricos, pero lo que apruebe debe ser visto por el Minam. Al ser de otro pliego, la coordinación puede tardar”, sostiene Calderón.

La abogada también considera que con una dirección directa del Minam en ANA no solo sus criterios para evaluar EIA se acortarían, sino su capacidad de evaluación. Li, coincide, pero considera que a nivel funcional se necesitaría que la ANA se desvincule de su rol agrario.

“Aún maneja las juntas de usuarios del agua, que en realidad, son los agrarios regantes. Si bien la posibilidad legal siempre está, aparte de la voluntad política, implicaría una reorganización de la ANA, por lo menos dejándole al Midagri todo lo relacionado a las juntas de usuarios”, plantea el socio de PPU.

Gestión envío consultas a ANA al respecto, pero, aunque se comprometieron a responder, al cierre de edición no contestaron. Fuentes del Minam recalcaron que, si bien no es una iniciativa suya adscribir la ANA, tomar la decisión correspondería al Ejecutivo en conjunto.

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Otras trabas administrativas

Si la ANA estuviese adscrita al Minam podrían resolverse otros problemas hoy presentes en su revisión de EIA. Está el caso de las unidades que atienden finalmente estas solicitudes.

Uno de ellos es la centralización. “Tiene órganos descentralizados, pero es su dirección de calidad, que está en Lima, el área orgánica que emite las opiniones vinculantes sobre todos los EIA a nivel nacional. Todo reposa allí”, asegura Calderón.

La abogada de Hydricons explica que las áreas descentralizadas se encargan de emitir permisos, pero son una primera instancia administrativa, por lo que dejan los EIA para ser vistos en Lima.

Con el Minam a la cabeza también podría mejorarse no solo la claridad del TDR de la ANA, sino los criterios que siguen los funcionarios de esta entidad para aplicarlo a la revisión de los EIA, manifiesta Li.

“El ministro busca darle predictibilidad, pero se necesita que los temas listados en el TDR sean evaluados con un solo criterio. Ese es el problema de su demora, aparte de la gran cantidad de temas que quieren abarcar. Hace falta una guía de evaluación para saber cuál es finalmente el criterio que vale seguir”, indica el socio de PPU.

Li resalta que la falta de homogeneidad en la ANA ocurre justamente por su escasa fortaleza institucional. “Hoy contratan muchos locadores para evaluar EIA, que son terceros externos. Eso acrecienta el riesgo de tener criterios distintos”, agrega.

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SOBRE EL AUTOR

Alessandro Azurín

Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.