El Perú concentra la segunda mayor cantidad de reservas de cobre del mundo y las mayores reservas de oro en Latinoamérica. Sin embargo, en los últimos años ha perdido competitividad en el sector minero.
La creciente complejidad regulatoria y la débil respuesta frente a la minería ilegal han frenado el desarrollo de nuevos proyectos y, con ello, la contribución del sector a la economía, la recaudación y la generación de empleos de calidad.
LEA TAMBIÉN: Ley MAPE: Gobierno cierra documento con 11 temas consensuados y lo envía al Congreso: ¿cuáles son?
Menor atractivo para inversión minera en Perú
La capacidad para atraer inversiones en minería se ha deteriorado. Según el Instituto Fraser, en el 2024, el país superó al 51% de jurisdicciones evaluadas en el Índice de Atractivo para la Inversión Minera, por encima del 31% del 2023, pero lejos del 67% promedio antes de la pandemia (2009–2019) y del máximo de 83% en el 2018.
Así, el Perú es menos atractivo que Chile, pese a tener un potencial geológico similar, debido a que las empresas tienen una percepción más negativa respecto de las políticas públicas aplicadas en el sector minero local.
El principal agravante ha sido el incremento de la criminalidad, principalmente vinculada con la minería ilegal. El porcentaje de empresas mineras que considera a la inseguridad como un obstáculo fuerte o decisivo para invertir en el país pasó de 6% en 2018 a 29% en 2024, luego de un pico de 37% en 2023, en medio de los atentados ocurridos en Pataz (La Libertad).
La preocupación del sector resulta mayor que en el 2012, cuando ocurrieron los conflictos sociales alrededor del proyecto Conga, y es por segundo año consecutivo la mayor barrera para la inversión minera según el referido índice.
Asimismo, la inestabilidad política y la dificultad para llegar a acuerdos con las comunidades se mantienen como otros de los principales factores que desincentivan la inversión. En contraste, uno de los aspectos más positivos para las empresas es la disponibilidad de información geológica, principal tarea del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).
LEA TAMBIÉN: La nueva apuesta de InterNexa por US$ 1.6 millones: ‘corredores’ de fibra para la minería
Proyectos en pausa en el Perú por la minería ilegal
El deterioro de las condiciones para invertir en el país limita la puesta en marcha de nuevos proyectos. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el 69% de la inversión de la cartera minera 2024 no tiene fecha definida de ejecución.
Considerando solo los proyectos con fecha definida al 2027, la producción de cobre se incrementaría en 39%. Si se suman las iniciativas con fecha al 2032, el aumento llegaría a 64%. De ejecutarse toda la cartera de inversiones, la producción podría más que duplicarse. En el caso del oro, la producción se elevaría en apenas 4% con los proyectos con fecha definida hasta el 2032, pero podría aumentar hasta 55% si se concretaran las inversiones sin cronograma.
A este escenario se suma la rápida expansión de la minería ilegal. Su avance no solo afecta operaciones en marcha, sino que retrasa y pone en riesgo nuevos desarrollos. La limitada capacidad estatal para ejercer control efectivo genera incertidumbre jurídica que desalienta la inversión.
Por ejemplo, Michiquillay en Cajamarca, y Los Chancas y Haquira en Apurímac, que suman inversiones por casi US$ 7,000 millones (11% del total de la cartera), permanecen demorados por la presencia de mineros ilegales. De concretarse, aportarían el equivalente a toda la producción de cobre actual de Arequipa, expandiendo la frontera productiva nacional en 18%.
LEA TAMBIÉN: Reinfo: Nuevo presidente de Comisión de Minas del Congreso a favor que se debata nueva extensión
Potencial en riesgo
La minería es uno de los pilares de la economía del país. Por tanto, resulta imprescindible el desarrollo de la cartera de proyectos mineros y un mayor impulso a las inversiones en exploración. Esto exige recuperar el atractivo del Perú como destino de capitales frente a competidores directos.
Para ello, es necesario fortalecer la seguridad jurídica, agilizar trámites y, sobre todo, combatir de manera decidida la minería ilegal, cuyo avance erosiona la competitividad y frena nuevas inversiones. En ese contexto, iniciativas como las que se discuten en la mesa técnica de formalización minera referidas a la reducción de plazos de las concesiones mineras son un retroceso.
No solo restarían previsibilidad al sector, sino que facilitarían la ocupación ilegal de áreas concesionadas, impidiendo la puesta en marcha de nuevos proyectos y limitando el potencial de crecimiento de la minería formal.
“Falta de rumbo claro en las políticas del sector”
Por Paola Herrera, economista senior del IPE
Minería afectada por la ilegalidad e informalidad. (Foto: Andina)
El deterioro del atractivo minero del Perú refleja una falta de rumbo claro en las políticas del sector. A la elevada complejidad del marco regulatorio, se ha sumado la rápida expansión de la minería ilegal como principales desincentivos para los inversionistas. Mientras tanto, la respuesta del Estado ha sido insuficiente para promover la minería formal, pese a ser un motor clave de nuestra economía.
El desafío es recuperar confianza, a través de instituciones sólidas, reglas claras y predecibles, y una estrategia firme para enfrentar la criminalidad. Solo así será posible concretar los proyectos en cartera, recuperar la competitividad perdida y aprovechar nuestro potencial geológico para impulsar el crecimiento, empleo y desarrollo regional.
