Desde su publicación a finales del 2020, la ley agraria (Nº 31110) viene siendo cuestionada por las empresas agroexportadoras pues no tuvo el impacto esperado y, más bien, habría sido una de las causas de que el sector haya perdido dinamismo. Ante esto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que plantearán una nueva propuesta para “corregir” este tema y uno de los principales cambios que se evalúa es la reducción de la tasa del Impuesto a la Renta (IR).
Ante la consulta de Gestión, el titular del Midagri, Ángel Manero, declaró durante la presentación de la Expoalimentaria, que se buscará regresar a una tasa del IR de 15% para el sector. ¿A qué se refiere? La ley N° 27360, de promoción agraria, fijaba una tasa del IR de 15% mientras estuviera vigente.
Sin embargo, en el 2020, esta fue derogada y entró en su “reemplazo” la ley N° 31110, que se estableció un incremento progresivo.
Por ejemplo, la nueva ley determinó que para las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos superen las 1,700 UIT (S/ 8.8 millones), la tasa del IR se ubicaría en 15% en 2021 y 2022. Desde el 2023 y hasta este año, las empresas de la agroexportación deben pagar una tasa de 20%. Si todo se mantiene como está, la tasa subiría a 25% entre el 2025 y 2027, y luego, a partir del 2028, las empresas tendrían que regirse al Régimen General (29.5%).
Pero, si las modificaciones que pone sobre la mesa el Midagri reciben luz verde este año, los cambios podrían aplicarse desde el 2025.
Para Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), sería necesario que la tasa de IR que se establezca sea permanente, principalmente teniendo en cuenta la crisis que vienen enfrentando los productores y exportadores agrarios.
“Con una ley como la que tenemos, con una tasa que va creciendo año a año, lo único que está haciendo es alejar a las inversiones, retroceder y perder empleo. Está clarísimo que el sector agrario requiere una tasa permanente”, dijo a Gestión.
El presidente de AGAP sostiene que en el 2019 se proyectaba que entre el 2020 y 2025 se incorporaran más de 30,000 hectáreas de inversiones nuevas, pero esto no sucedió debido a la derogación de la Ley de Promoción Agraria (N° 27360).
“Por las crisis y todo lo que hemos sufrido, se han retraído las inversiones y se reducían campos de cultivos que, por el cambio normativo han tenido menos margen. La única manera de hacer que la modernidad de la agricultura se extienda a todo el sector, es mantener una norma que incorpore incentivos tributarios al sector”, señaló.
Desde el 2021 al 2023, el crecimiento de las agroexportaciones peruanas se ha desacelerado, de acuerdo con datos de la Asociación de Exportadores (Adex). El factor climático ha sido un factor que explica esta situación, sumado al poco impulso al sector de parte de la ley, según Amaro.
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No cambiarán bono BETA
Si bien el ministro Manero señaló que se evalúan cambios en cuanto a la tasa impositiva y las otras partidas que podrían ser beneficiarias de este nuevo régimen, confirmó que no se buscará eliminar la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA).
El bono BETA es equivalente al 30% de la remuneración mínima vital y que se entrega a los empleados del sector que laboran más de 4 horas diarias en promedio.
“Eso, lamentablemente, no se va a poder mover porque ya es derecho ganado de los trabajadores, pero vamos a darles otras condiciones que compensen un poco ese sobrecosto”, refirió el titular del sector.
Cuando estaba en la cartera de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, también había descartado que se pretendiera recortar este bono de los beneficios laborales de los trabajadores agrarios.
Pese a que está de acuerdo con que es un derecho que no puede quitarse a los trabajadores, Amaro señala que es uno de los puntos de la ley actual que está mal planteada. “El bono BETA no se puede quitar, es un derecho ya adquirido. Sin embargo, por como está redactada la norma, está generando una distorsión en materia laboral porque ha generado un sobrecosto. El sector sí tiene un problema porque hay una serie de componentes de la norma que exceden las normas internacionales”, comentó.
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El representante de AGAP recordó que actualmente, por estas medidas, se puede producir una contracción en el empleo formal del agro. Recordó que en septiembre del año pasado se perdieron 120,000 empleos, y también en diciembre se redujeron alrededor de 100,000 puestos de trabajo.
Este año el empleo en el sector agropecuario sigue reduciéndose. De acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en enero el empleo formal privado en el agro cayó 17.5%, con lo cual se redujeron 100,000 puestos de trabajo, y para febrero se observa una contracción de 22.5%, con 112,000 empleos menos.
Por el momento, no se tiene claro que otras medidas laborales podrían incluirse en la nueva ley que plantea el Midagri, pero Manero señala que la propuesta estaría lista en un mes y se espera poder publicar la ley con las facultades legislativas que otorgue el Congreso. Antes de ello, el ministro aseguró que pasarán por un proceso que permita que tanto el sector agroexportador como los trabajadores estén de acuerdo con los cambios.
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