Las alarmas permanecen encendidas en el sector agrario luego de que, a mediados de mayo, se registrara una balacera contra los trabajadores de la empresa agroexportadora Blueberries, ubicada en Chao, La Libertad. Los impactos alcanzaron a cuatro de las personas que viajaban en la minivan.
Ante el episodio de violencia, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), conversa con Gestión y enfatiza la urgencia del gremio: reunirse con Ángel Manero, ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y con el nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana.
Brinda, además, detalles sobre las formas de actuación criminal recurrentes en el rubro, las regiones más amenazadas y la huella en la expectativa de inversión.
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Proyectos de agro bajo la lupa criminal
El Proyecto Especial Chavimochic (Pech), sistema de irrigación que se extiende en la zona costera de la región La Libertad, garantiza el suministro de agua en 78,310 hectáreas del valle.
No obstante, el beneficio de la infraestructura se opaca con la criminalidad que ha tomado el lugar.
“En el proyecto Chavimochic y alrededores, diariamente, movilizamos buses. No uno o dos, miles de buses llenos de trabajadores, ida y vuelta, desde la zona de vivienda hasta los campos en donde está la producción. Lo que ha sucedido en Chao no es solamente un ataque a la propiedad privada, es un atentado contra las personas”, indica Amaro.
Este riesgo en dicha zona productiva se replica en otras, de acuerdo con el líder gremial.
“Te puedo mencionar Ica, Chincha, Huaral, Cañete, Áncash, en la zona donde está Chinecas, Lambayeque, incluyendo el proyecto Olmos, toda La Libertad, Piura. La situación se les está escapando de las manos a las autoridades", refiere.
En esa línea, las formas de fechoría involucran extorsiones a trabajadores y funcionarios, balaceras, secuestros, asaltos y saqueos en terrenos agrícolas.
“Roban incluso pesticidas, material que se requiere para las operaciones, maquinarias y equipos”, enlista Amaro.
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Pequeñas y grandes empresas afectadas
La delincuencia tampoco distingue el tamaño de una empresa para atacar al rubro agrícola, determina el representante de AGAP.
“Por muy chiquita que sea una empresa, es extorsionada y corre el riesgo de cerrar. Ahora, imagina (la situación) de las grandes empresas, en las que se contrata a los trabajadores en planilla y con todos los beneficios”, acota. “Estamos siendo acosados”, complementa.
Y, además de expandir el miedo social, el impacto alcanza a los cultivos.
“La mayoría de las empresas tiene más de un cultivo. Entonces, tienen producción para el mercado local y de exportación. Su desarrollo está sujeto a la inseguridad”, dice.
Hasta el momento, confirma Amaro, ya se han reducido áreas en varios cultivos de exportación.
“Por ejemplo, en cítricos, espárragos, algo de granada, banano, caña de azúcar [...]. Ha aumentado la informalidad en el agro. Antes del 2020, teníamos, más o menos, 80% de informalidad. Ahora, cuatro o cinco años después, superamos el 90%. Se han perdido 10 puntos”, detalla.
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¿Un panorama similar a Pataz?
En el sector minero, la criminalidad es un lamentable protagonista. El asesinato de 13 trabajadores en un socavón de la minera Poderosa, en Pataz —a inicios de mayo—, dejó en evidencia el dominio de las bandas delictivas y la débil asistencia policial.
Ante ello, Amaro considera que, si bien cada rubro enfrenta sus propios problemas, hay una “correlación”.
“Son temas distintos, pero hay una correlación. Si una zona prácticamente es liberada a las bandas criminales y el Estado no entra a poner orden, ocurre un ‘contagio’. Como Pataz, hay otras zonas en el país donde esta ‘liberación’ se ha ido extendiendo”, analiza.
Otra semejanza que encuentra es la vulnerabilidad a causa del factor geográfico.
“Las zonas rurales son las zonas más vulnerables, las más desprotegidas, pero es donde hay actividad económica”, remarca.
Por ello, los empresarios están desplegando algunas estrategias: coordinar, pese a las carencias, con las autoridades policiales y destinar presupuesto en seguridad propia.
“Pero todo lo que hacen las empresas o los ciudadanos siempre es poco en comparación con el avance de la delincuencia”, apostilla Amaro.
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El golpe en el factor empleo
Ante la consulta sobre si la agroexportadora Blueberries le había advertido a AGAP la concurrencia de amenazas, Amaro es puntual.
“Todas las empresas saben del riesgo. Sin embargo, tienen la responsabilidad de continuar con las operaciones y seguir generando empleo”.
En la reunión que el gremio busca tanto con el ministro del Interior como con el de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), subrayará que la zona rural es el foco de la colocación laboral.
“En la zona rural hay una alta generación de empleo formal que debe tener un tratamiento de seguridad diferenciado”.
A propósito de ello, el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX) ya había informado que, en el 2024, los puestos de trabajo en el rubro del agro ascendieron a 519,125.
La cifra representó un incremento de 25.2% (104,430 empleos más), que se respaldó en la demanda de mano de obra para el procesamiento y exportación de café, azúcar y otros. ¿Cómo cerrará el 2025 tras el golpe de la delincuencia? Habrá que esperar.
¿Cuánto empleo generó la agricultura en el 2024? (Foto: Andina)
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La reacción de los inversionistas
Y, bajo una dinámica de “desamparo”, se suma al catálogo de desafíos la desconfianza de los inversores.
“Hay varios inversores que están esperando ver cómo se soluciona esto y, además, la nueva Ley Agraria. Por otro lado, también suben los costos de seguro y de crédito, porque aumenta el riesgo. Es el clima para hacer negocios el que se trastoca. ¿Cuál es la ventaja que tiene Perú frente a otros países que también desean atraer inversión", se cuestiona Amaro.
En suma, la atracción de capital aumenta en la medida en que un país cuenta con mayor seguridad jurídica.
“La presidenta tiene que tomar la decisión, ejercer un liderazgo con todos los actores de la justicia y de la seguridad: la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, el Ministerio del Interior, el Ejecutivo, el Congreso. Sé que ha habido iniciativas individuales, pero tiene que haber una estrategia que funcione”, concluye el representante de AGAP.
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
