
En el Perú, el fomento por parte del Estado para la constitución formal de las cadenas productivas agropecuarias tomó fuerza en los primeros años del siglo XXI. Sin embargo, más de dos décadas después, el “foco” se ha ido apagando.
En el agro, el ciclo que se gesta en la producción primaria —y que luego continúa con el almacenamiento, la industrialización, la distribución y, finalmente, la comercialización— se ha acostumbrado a establecer sus propios términos de competitividad frente al descuido de los ministerios a cargo.
¿Qué problemas deben sortear los protagonistas de las estructuras alrededor del jengibre, mango, banano, café y cítricos, por citar algunos?
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Desactualización de la data
En el portal oficial del Gobierno peruano, se especifica que “el Ministerio de Agricultura inició una etapa de promoción y desarrollo de cadenas productivas a partir del año 2002”, porque —según se puede leer— “la adecuada articulación entre los diferentes eslabones de las cadenas agroalimentarias son elementos fundamentales para incrementar la competitividad del sector agropecuario y de la economía”.
No obstante, la última pormenorización en la misma plataforma data del año 2006: se alude, por ejemplo, al potencial de las cadenas productivas de los lácteos y del maíz amarillo duro.
Gestión le consultó al Midagri en su momento sobre indagaciones con fechas más actuales, pero la cartera solo argumentó que no las había. Este “vacío” informativo no pasa por alto para las voces del sector agroexportador: Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), fue tajante.
“El ente rector general de las cadenas productivas es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri); y, en cuanto a las cooperativas, es el Ministerio de la Producción (Produce). Pero si uno busca información al respecto, el tema de cooperativas está totalmente desfasado. La última información sobre ellas es del 2016″, sostuvo.
En efecto, este diario comprobó que Produce, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), realizó del 4 de abril al 31 de mayo de 2016 el último Censo Nacional de Cooperativas.
“Si no tenemos información actualizada, el tema de las cooperativas no se trabaja a nivel sectorial. Si no tenemos información de cadenas productivas actualizada, es muy difícil desarrollar políticas públicas”.
Ricardo Fort, investigador principal de Grade, coincidió y agregó un dato: “¿De cuándo es el último censo agropecuario? Del 2012; o sea, ya pasaron trece años y no hay un nuevo censo agropecuario. Si no se conoce la información, no se puede hacer políticas ni proponer cosas. Han tratado de reemplazar al censo con un registro de productores, pero no es lo mismo. El censo se tiene que hacer de todas maneras".
En esa línea, enumeró el beneficio que generaría liquidar esta preocupación: “El universo de productores y la tipología que provee el censo sirven para hacer un marco muestral, para entender la foto completa en un punto en el tiempo. [...] Es un indicador riquísimo que tendría que valorarse más”.
Y subrayó: “Los ministerios no están bien conectados para recabar toda la información satelital, por ejemplo, a niveles micro del territorio. En algunos casos, metodologías como el Remote Sensing permiten identificar tipos de cultivo, tamaño de las plantas, y con eso predecir la producción. Todo eso se debería estar utilizando mucho más”.

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Cooperativas con obstáculos
Amaro apuntó, además, a la forma en que los pequeños productores se agrupan para obtener beneficios económicos: “En el Perú, la mayoría de las cadenas productivas está conformada por pequeños agricultores y el modelo de asociativo no ha funcionado muy bien. [...] Las cadenas productivas requieren resolver una serie de brechas que registra el pequeño agricultor”.
Fort determinó dichas brechas, además de la escasez de registros y números oficiales: “Los pequeños productores suelen estar mucho más vinculados a las cadenas de menor valor y más cortas, porque tienen limitaciones, y esas limitaciones pasan por el acceso a financiamiento, a tecnología, a asistencia técnica, a estar en una zona en la que los caminos no son muy accesibles, sobre todo en época de lluvias; o en una zona que no posee riego controlado. Todo ello cambia por completo la productividad de una parcela y le resta poder de negociación para avanzar”.
Las carencias que los expertos mencionan provocan que los pequeños productores no tengan más opción que venderle al acopiador que pasa cerca de la chacra con el objetivo de recoger sus productos. “O por ahí tienen alguna organización que les permite juntar un poco de sus cultivos, alquilar un vehículo y llevarlos, entre varios, al mercado más cercano”, acotó el vocero de Grade.
“Hay temas de gestión, principalmente. Una cooperativa debe tener, primero, una gestión gerencial basada en indicadores de objetivos; y, segundo, una masa crítica con productos que puedan dar rentabilidad”, resumió Amaro.

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¿La venta de tierra es una opción?
El factor geográfico también confluye para que los productores observen desventajas en sus dinámicas de trabajo.
“Más allá de la costa, se comienza a encontrar un montón de pequeños productores a quienes les es superdifícil organizarse para que produzcan la misma calidad de palta, por ejemplo, que un productor más grande requiere. [...] Y como no se puede comprar ese producto, la otra opción es decirles ‘Véndeme la tierra’, pero la mayoría no está interesada en hacerlo porque esa es su única alternativa para trabajar”, explicó Fort.
Desde su perspectiva, la mejor solución es dinamizar los mercados de tierra.
“Es decir, si el más competitivo para producir palta es el gran productor de la costa, pero su restricción es que no puede conseguir tierra, el Estado debería promover algún tipo de incentivo, uno como creo que intenta la nueva Ley Agraria, para que haya una mayor relación con los productores organizados de esas zonas altoandinas, por ejemplo”.
“Suena muy bonito, pero es muy difícil: tienen que mantener la misma del producto calidad y ello es muy costoso”, complementó.
A este panorama Fort le sumó otra variable: la dificultad para acceder a un recambio generacional amigable.
“¿Por qué el pequeño productor se mantiene ahí, pese a todas las dificultades, y no sale de su zona? Porque no tiene una opción de retiro; muchas veces se queda hasta los 80 años. Si hubiera algún programa para que aquellos productores pudieran hacer leasing de sus tierras [arrendamiento financiero] o acumular pequeñas propiedades entre varios vecinos para que los más jóvenes las trabajen bajo algún crédito que el Estado subsidie, estaríamos hablando de una solución. Lamentablemente, eso no existe en Perú“, finalizó.

Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.