El día de mañana Tramarsa (Grupo Romero) y Yilport (Grupo Yildrim, matriz de la empresa Yilport, de capitales turcos), se disputarán la concesión del puerto de Salaverry por un monto de inversión de US$ 216 millones y por un plazo de 30 años.
El proyecto, que fue declarado de interés a inicios de agosto de 2018, ayudará a dinamizar la economía del norte peruano, contribuyendo al desarrollo del comercio exterior y la generación de empleo directo e indirecto para la población local y regional.
Además, mejorará la eficiencia y competitividad del terminal multipropósito, permitiendo atender la demanda de carga de agroexportación, granos, producción minera, entre otros.
Sin embargo, para el gremio de productores agrarios (AGAP), existen elementos preocupantes en el proyecto en sí. Por ello, enviaron una carta al ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo.
En la misiva, la asociación recomienda que el puerto, desde el inicio de la operación, debe atender los contenedores del agro de acuerdo a los volúmenes de exportación de La Libertad y zonas aledañas. Esto con niveles de velocidad y calidad de atención de altos estándares, además de tarifas competitivas.
Otro punto es que el puerto debe contar con facilidades necesarias e instalaciones para movilizar la carga de contenedores refrigerados del sector agroexportador.
Un tercer elemento es que la solución propuesta por el postor debe mantener el servicio de contenedores de manera sostenida durante todo el año para asegurar la continuidad del ingreso de las líneas navieras para la carga y descarga.
El último punto es que el puerto debe contemplar el incremento anual de contenedores de agroexportación en tanto a otros proyectos vinculados al sector como la etapa III de Chavimochic y nuevos proyectos de exportación.
En ese sentido, solicitaron una reunión con Trujillo coordinar detalles sobre el proyecto portuario.
Cabe recordar que otros gremios que operan en La Libertad enviaron una carta al presidente Martín Vizcarra en la que también expresan su preocupación respecto a la atención de carga de contenedores con niveles de operatividad razonables.
En la misiva, enviada el 24 de abril del presente año, señalaron que existe un riesgo de convertir el puerto en una instalación "netamente minera". Esto, según expresan, debido a que en las bases del concurso del proyecto la ejecución de obras para la atención de carga "en contenedores no es obligatoria".
Además, señalan, la ejecución de dichas inversiones tienen un plazo hasta de 10 años contados a partir de la suscripción del contrato. Por último, indicaron que ambos postores se mostraron en rechazo en cuanto a 1) que las inversiones complementarias no puedan ser financiadas vía endeudamiento garantizado permitido; y 2) que las inversiones complementarias no permitirán acceder a la revisión tarifaria.