En el Perú el sistema privado de pensiones (SPP) se ha debilitado en los dos últimos años, debido a los retiros anticipados que se han realizado de manera generalizada bajo el argumento de otorgar liquidez a las familias afectadas por el COVID-19.
Pero la debilidad del SPP no solo viene por el lado de los retiros, sino de las deudas que tienen con las administradoras de fondos de pensiones (AFP) los empleadores, tanto públicos como privados.
El último reporte de finanzas públicas y cumplimiento de reglas fiscales de gobiernos regionales y locales, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reveló que al cierre del 2021 la deuda a las cuatro AFP que operan en el mercado, tanto de las entidades regionales como municipales, suman S/ 8,490 millones (ver tabla).
Este monto de la denominada “deuda real” de dichas entidades supera en más de S/ 1,000 millones a la deuda que se tenía a finales del 2019, periodo previo a la pandemia, cuando era de S/ 7,444 millones.
Al cuatro trimestre del 2021, la mayor deuda a las AFP la tienen los gobiernos regionales con un total de S/ 5,587 millones, mientras que los gobiernos locales adeudan S/ 2,633 millones.
Pero la deuda del Estado en general es más alta, ya que en la data del MEF no se cuenta al Gobierno nacional.
Problema administrativo
La presidenta de la Asociación de AFP (AAFP), Giovanna Prialé, afirmó que uno de los problemas que se ha detectado en el Estado, es que la partida para aportes previsionales, como la de AFP y ONP, no existe, sino que solo hay una partida general de pago de recursos humanos.
“Si soy jefe de recursos humanos de una UGEL, por ejemplo, podría mover ese dinero, no pagar la AFP, ni la ONP, y destinarla a un bono de productividad. Eso no se ve como malversación, porque está dentro de la partida de recursos humanos”, dijo.
Precisamente la AAFP, en febrero último, solicitó al MEF a que haga las adecuaciones para crear las partidas específicas para contribuciones a fondos de pensiones como a Essalud, para que el presupuesto que se asigna para estos aportes a las cuentas de los trabajadores no se usen en otros gastos.
Complicación de cobro
Según Prialé, actualmente es el Estado el que tiene la mayor deuda con los fondos de los trabajadores en las AFP, ya que en los últimos años las empresas privadas han ido reduciendo su incumplimiento por la labor de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
“A diferencia del sector privado, las entidades públicas, por ley, no pueden ser embargadas. No se pueden embargar inmuebles o edificios y tampoco hay ninguna sanción. En las empresas privadas sí se pueden embargar los bienes y Sunafil ha hecho un trabajo muy bueno y la morosidad allí es pequeña”, refirió.
Detracción directa
Otra de las soluciones a la alta deuda que tiene el Estado con las AFP, por la falta de pago de las aportaciones de los trabajadores, podría estar en el Congreso de la República.
La semana pasada, la Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a efectuar detracciones en favor de Essalud y aportes previsionales, tanto AFP como ONP, de los trabajadores del sector público.
Es decir, es el MEF el que haría los depósitos directamente a las cuentas de los trabajadores y ya no las entidades nacionales, locales o regionales. De esta manera, se aseguraría un pago oportuno de los aportes.
También el dictamen señala que el MEF deberá efectuar las detracciones que correspondan a los pagos de las cuotas fraccionadas del Régimen de Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a Essalud y a la ONP y del Régimen de Reprogramación de Pago de Aportes Previsionales al Fondo de Pensiones (Repro-AFP) que fueron facilidades otorgadas para reducción de deudas.
Deuda total supera los S/ 24,630 millones
Finanzas. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Economía (MEF), al cierre del cuarto trimestre del 2021, el saldo de deuda total (SDT) de los gobiernos regionales y locales alcanzó los S/ 24,630 millones, que equivalen al 2.8% del PBI, monto que es 0.3% superior con respecto al cierre del 2020.
El saldo de pasivos disminuyó en 3%, explicado principalmente por una reducción de las cuentas por pagar a proveedores (-39.4%).
La deuda exigible con entidades del Estado aumentó en 2.9% al finalizar el 2021.