La intención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) de intervenir en la normativa del arbitraje en el Perú podría afectar gravemente la seguridad jurídica y las inversiones en el país, advierten una serie de gremios.
A través de un comunicado, diversas instituciones manifestaron su preocupación a la creación de un nuevo Grupo de Trabajo Multisectorial mediante la Resolución Ministerial N° 16-2025-JUS, pues genera dudas sobre la estabilidad del sistema arbitral.
Como se recuerda, la Ley de Arbitraje (Decreto Legislativo 1071), vigente desde 2008, se estableció con el propósito de facilitar la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Su marco regulatorio sigue estándares internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975 y la Ley Modelo de Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional.
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En mayo de 2024, el MINJUSDH conformó un primer Grupo de Trabajo Multisectorial con la finalidad de mejorar y actualizar la normativa arbitral. Con este grupo, que contó con la participación de representantes del sector público y privado, se concluyó que no era conveniente modificar la Ley de Arbitraje. Además, se presentó una propuesta de norma especial para regular los arbitrajes en los que el Estado peruano es parte.
Sin embargo, indican que apenas cuatro meses después, el MINJUSDH ha creado un nuevo grupo con la misma finalidad, pero con una composición dominada por funcionarios públicos y no con expertos en arbitraje, con los cuales ya se había concluido que no se harían cambios a la ley.
Ante esto, los gremios piden al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, reconsiderar esta medida para asegurar la estabilidad del sistema arbitral como medio alternativo de solución de controversias, cuya jurisdicción está consagrada por la Constitución, recordando que el instrumento ha sido clave en los últimos 30 años para garantizar las inversiones.
Entre las instituciones firmantes de este pronunciamiento están la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Perucámaras, la Cámara de Comercio Americana del Perú, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la Sociedad Nacional de Pesquería (SNI), el Instituto Peruano de Arbitraje, y otros.
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