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La Asociación Automotriz del Perú (AAP) exigió que se controle y fiscalice que los repuestos automotrices importados al Perú cumplan determinados estándares de calidad y de seguridad, para asegurar el correcto funcionamiento y operatividad de los vehículos.
Ellioth Tarazona, gerente técnico de la AAP, señaló que todos los motores, partes y piezas automotrices usadas que llegan al Perú como productos remanufacturados deben cumplir estrictamente las condiciones técnicas y restricciones establecidas en el ordenamiento legal nacional, para salvaguardar la integridad física de los usuarios y la sostenibilidad del medio ambiente.
Seguidamente, detalló que la preocupación se centra en los motores, partes y piezas usadas, que provienen del desguace de vehículos o procedimientos similares que se usan como repuestos para otros automóviles en circulación, sin antes haber pasado ningún tratamiento de reparación o reacondicionamiento que garantice su óptimo funcionamiento.
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“Así, se garantiza la seguridad de los vehículos, del tránsito y transporte terrestre, preservando la calidad del aire y la vida y salud de las personas”, agregó Tarazona.
En ese sentido, el gerente de la Asociación Automotriz del Perú explicó que para que un producto sea remanufacturado debe pasar por un proceso de limpieza, inspección y verificación. Luego de ello, debe ser sometido a un proceso productivo de recuperación para que el producto final mantenga los mismos estándares técnicos y de calidad que el original.
“Estos productos formalmente reutilizados tienen una expectativa de vida similar a uno nuevo, inclusive el fabricante otorga una garantía de fábrica análoga a la de una mercancía nueva”, sostuvo.
Ellioth Tarazona también mencionó que existen “empresas inescrupulosas” que ingresan productos al país que aseguran haber pasado por un proceso de remanufactura, pero realmente no es así y se estarían adulterando los documentos para hacer pasar por remanufacturadas a mercancías que no cumplen con los requisitos.
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Finalmente, el especialista aseveró que los procesos de fiscalización deben ser permanentes y estrictos, ya que solo los bienes que tengan las disposiciones legales vigentes impulsarán los esfuerzos del Estado por proteger a las personas.
“Por el contrario, la inaplicación de las condiciones técnicas podría terminar desnaturalizando la finalidad que persigue la regulación del transporte en nuestro país”, concluyó.
