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La Asociación Automotriz del Perú (AAP) exhortó a las autoridades peruanas a fiscalizar el ingreso de motores, partes y piezas usadas, que provienen del desguace (chatarreo) de vehículos o procedimientos similares que, por argucias legales se usan como repuestos para otros vehículos que se encuentra en circulación, sin haber pasado ningún tratamiento de reparación o reacondicionamiento que garantice su óptimo funcionamiento.
Ante ello, Ellioth Tarazona, gerente técnico del gremio, insistió en la necesidad de contar con el sistema de control de las condiciones para la importación de motores, partes y piezas usadas remanufacturadas, vigente desde el año 2010. “Así se garantiza la seguridad de los vehículos, del tránsito y transporte terrestre, preservando la calidad del aire y la vida y salud de las personas”, acotó.
Y es que la remanufactura es un proceso industrial de reciclado y puesta en valor de productos que terminan siendo tan “buenos” como uno nuevo siempre que se realice bajo supervisión y cumpliendo las reglas sobre el tratamiento y regulaciones que le son aplicables, “lo que garantiza su calidad”.
Además, Tarazona explicó que para que un producto sea remanufacturado debe pasar comprobadamente por un proceso de limpieza, inspección y verificación y luego son sometidas a un proceso productivo de recuperación (soldadura, maquinado de superficies, moleteado, galvanizado, enfundado, rebobinado u otros), de manera tal que el producto final mantiene los mismos estándares técnicos y de calidad (peso, dimensión, resistencia, tolerancia, rendimiento u otros) que el original.
“Por el contrario, la inaplicación de las condiciones técnicas podría terminar desnaturalizando la finalidad que persigue la regulación del transporte en nuestro país”, menciona.
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“Estos productos formalmente reutilizados tienen una expectativa de vida similar a uno nuevo, inclusive el fabricante otorga una garantía de fábrica análoga a la de una mercancía nueva”, señaló el especialista.
No obstante, indica que existen evidencias recogidas por las autoridades (Sunat y PNP) de que algunas “empresas inescrupulosas” ingresan al país productos que aseguran haber pasado por el proceso de remanufactura, pero en realidad no es así y probablemente estarían adulterando los documentos, pretendiendo sustentar la condición de remanufacturados a mercancías que no cumplen con las requisitos mínimos para ser declaradas como tales.
“Esto es un delito gravísimo que alcanza tanto al importador y compromete a los fiscalizadores del Gobierno”, acotó.
En suma, la exigencia de la garantía para la remanufactura, explicó Tarazona, tiene sustento técnico y garantiza, entre otros, el cumplimiento de determinados estándares de calidad y de seguridad, pues tienen que ver con el correcto funcionamiento y operatividad de un vehículo.
