En agosto, el déficit fiscal se ubicó en 4% del Producto Bruto Interno (PBI) por cuarto mes consecutivo, superando la meta fiscal de 2.8%, en un contexto de lenta recuperación de los ingresos públicos y crecientes presiones de gasto. Así, todo apunta a que este año nuevamente se incumplirá la regla fiscal. Para el 2025, sin mecanismos efectivos de control del gasto público, la institucionalidad fiscal continuará deteriorándose.
Pese a medidas de austeridad aprobadas en abril, el gasto público continúa en aumento. El mes pasado, se incrementó en 8.3% en términos reales, impulsado por la mayor inversión pública en los tres niveles de gobierno y por los aumentos remunerativos aprobados por el Congreso de la República para los sectores de educación y salud en el 2023. En lo que va del año, el gasto público acumula un crecimiento de 7.1%, la cifra más alta en 10 años, sin considerar la pandemia.
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En contraste, la recuperación de los ingresos públicos ha sido más lenta de la esperada. Entre enero y junio, estos se contrajeron en 4.7% en términos reales, principalmente por la menor recaudación por regularización de impuestos. En julio, los ingresos aumentaron en 11.8%, la tasa más alta desde el 2018, sin considerar la pandemia.
No obstante, en agosto, el ritmo de crecimiento disminuyó a 3.1%. En el balance, los ingresos públicos acumulan una caída de 2.1% en lo que va del año.
En este contexto, el déficit fiscal se ha mantenido en 4% del PBI por cuatro meses seguidos. Para cumplir la regla fiscal (2.8%) al cierre del año, los ingresos públicos tendrían que crecer 9.8% entre septiembre y diciembre, más de tres veces el ritmo observado en agosto.
Sin embargo, los ingresos públicos no alcanzan niveles similares de crecimiento desde el 2010, cuando el PBI creció 8.3%, 2.6 veces lo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera que la economía crezca este 2024. Así, el IPE estima que el déficit cerraría en 3.2% del PBI y se incumpliría la meta establecida por segundo año consecutivo.
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Panorama en el 2025
Para el 2025, el MEF proyecta que el déficit llegue a 2.2% del PBI, coincidiendo con la meta fiscal establecida para el próximo año, lo que no deja ningún margen para posibles contingencias. Antes de la pandemia, el MEF adoptaba una posición más conservadora estableciendo una meta fiscal por encima de la proyección del déficit.
Esta situación eleva significativamente el riesgo de un nuevo incumplimiento de los objetivos fiscales, especialmente en un contexto de alta volatilidad en el precio de los metales, continuas presiones de gasto – tanto desde el Congreso como del Ejecutivo– y un año preelectoral.
Por ejemplo, para reducir el déficit a 2.2% en el 2025, se necesita que los ingresos crezcan 6.9% en términos reales, por encima del 4.0% proyectado para este año. Según el MEF, dicho aumento estaría asociado con una mayor recaudación minera, en un contexto de altos precios de los metales.
En particular, en junio último, el 10% de los ingresos públicos provino de los recursos naturales, por encima del 7% en promedio del 2019. Se prevé que este porcentaje siga aumentando en los próximos meses, conforme se regulariza la recaudación de las mayores ganancias mineras registradas este año.
Sin embargo, la volatilidad de los factores externos expone al cumplimiento de la regla fiscal a potenciales riesgos. Por ejemplo, una posible desaceleración en China, derivada del agravamiento de su crisis inmobiliaria, puede afectar los precios de los metales y reducir los ingresos esperados. Aunque se anticipa una política monetaria más expansiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, la reactivación de la economía norteamericana podría retrasarse, lo que ocasionaría un deterioro en el sector externo y un panorama menos favorable para los ingresos del Perú.
La meta del déficit para el próximo año requiere también de una reducción considerable del gasto público. La proyección del MEF considera, por ejemplo, que el gasto en remuneraciones se incrementará solo 0.8% en el 2025. Sin embargo, su análisis no contemplaría los aumentos salariales aprobados por el Congreso y el Ejecutivo.
Hasta este mes, las leyes impulsadas por el Congreso que promueven el gasto ascienden a S/ 56 mil millones, lo que equivale a 5.6% del PBI. Asimismo, el porcentaje de leyes emitidas por insistencia del Parlamento presenta una tendencia ascendente y representa el 28% de lo aprobado desde julio del 2021. En el 2023, el MEF subestimó en 4.1 puntos porcentuales el crecimiento del gasto público en personal.
Otro factor de riesgo que podría incrementar el gasto está relacionado con la situación de Petroperú. Si su situación financiera se deteriora aún más, el Gobierno se verá obligado a realizar un nuevo rescate financiero, lo que aumentará el gasto. Así, resulta altamente probable que en el 2025 también se incumpla la regla fiscal.
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Riesgos de mediano plazo
A mediano plazo, la incertidumbre fiscal continuará. El proceso de consolidación fiscal –cuyo objetivo es reducir el déficit a 1% en el 2028– depende, por ejemplo, de que el gasto público en remuneraciones prácticamente no se incremente en los próximos cuatro años.
Esto resulta muy poco probable, considerando que creció 6.8% en promedio cada año entre el 2010 y el 2020. Además, el traslado del esfuerzo de consolidación del déficit al próximo gobierno pone en serias dudas el compromiso actual con la reducción del gasto.
Continuar incumpliendo con la regla fiscal tendrá serios efectos sobre la estabilidad macroeconómica. El Ejecutivo y el Legislativo son los responsables de evitar una situación que resultaría en la pérdida del grado de inversión. Se debe priorizar mecanismos efectivos de control del gasto público que permitan recuperar una sólida institucionalidad fiscal que nos costó décadas construir.
Deterioro de la institucionalidad fiscal es claro
Por: Gonzalo Manrique, Economista Senior del IPE
El deterioro de la institucionalidad fiscal es claro. La credibilidad del MEF se ha visto afectada por continuas presiones, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para una menor recaudación y un mayor gasto público. El déficit fiscal se ha convertido en el principal desafío macroeconómico del país.
Urgen compromisos claros con un manejo eficiente y responsable de las finanzas públicas. Sin ello, el crecimiento y el cierre de brechas sociales en el país están en riesgo.
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