Rumbo a la ciberseguridad

Por Emely Cóndor, Alumna de Economía de la Universidad del Pacífico

La Organización de los Estados Americanos (OEA), en el último reporte Estado de la Ciberseguridad en el Sector Bancario en América Latina y el Caribe, reveló un cambio en la preferencia de los consumidores digitales. Antes el perfil era de un consumidor omnidigital; es decir, al momento de interactuar digitalmente con su banco no tenía una preferencia por sobre usar una computadora portátil, una tableta o un teléfono inteligente. Ahora, existe una clara preferencia hacia usar únicamente el teléfono inteligente. ¿Qué es lo que está ocurriendo?

Optar por plataformas digitales para realizar cada vez más transacciones, grandes o pequeñas, se está convirtiendo en una actividad muy común.
Sin embargo, ¿qué riesgos hay detrás cada vez que introduzco mi información? ¿habrá alguna entidad peruana que me asegure que mi información no esté siendo utilizada maliciosamente?

Desde hace seis meses, un grupo de alrededor 30 personas se reúnen un día por semana para alinear sus aportes, debatir ideas y generar propuestas para el desarrollo de la Política Nacional de Seguridad Digital. Dentro de las organizaciones involucradas se encuentran el Ministerio del Interior (MININTER), el Ministerio de Defensa (MINDEF), el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el Ejercito del Perú, la Marina de Guerra del Perú, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), Osinergmin, Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Además, se cuenta con asesores externos como la economista Martina Marangunich, y el Crl(r). Daniel Taype.

Esta política nacional ya se encuentra a puertas de culminarse y será propuesta al poder Ejecutivo a través de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) en el marco de las normas que aprueban las políticas públicas formuladas por el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional (CEPLAN) . Su relevancia recae en fortalecer la estructura de gobernanza en seguridad digital dentro de nuestro país, ya que el marco normativo vigente lo garantiza . Además, protegerá los derechos fundamentales de las personas en el entorno digital considerando mejoras que se incluirían en la Ley de Delitos Informáticos y su adecuación al Convenido de Budapest. Asimismo, garantizará la protección de activos críticos nacionales tales como puertos, aeropuertos y telecomunicaciones en el ámbito de la seguridad digital .

Por otro lado, su rápida aprobación beneficiaría a muchos jóvenes, ya que los incentivaría a participar del sector público y privado en la generación de industrias nacionales en el ámbito de la seguridad digital y ciberdefensa, ya que la protección a la información los llevaría a explorar en el ámbito de la investigación con lo cual aumentaría el desarrollo. Por otro lado, se esperaría que las universidades opten por brindar una carrera relacionada a nuevas tecnologías, lo que posteriormente impulsaría a que exista una industria especializada en temas de seguridad digital, lo cual elevaría la competitividad y la generación de empleo. ¿Está listo el Estado para una expansión cultural en el ámbito digital?