Generando espacios de reflexión y diálogo: una de las tareas pendientes del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos

El pasado 8 de mayo, realizamos en el Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos (IPEDHU), en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un desayuno de trabajo denominado “Tendencias Globales sobre Gestión de Derechos Humanos en las Organizaciones”. Este evento, que contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, representantes del sector público, privado y la sociedad civil mostró lo necesario que resulta generar espacios de dialogo y reflexión en torno a la Gestión de Derechos Humanos en las organizaciones.

En otras oportunidades he venido comentando como este proceso ha venido desarrollando una agenda de cambio en el sector empresarial. Podríamos decir que muchas empresas están transitando de los indicadores de gestión al reconocimiento de su rol en la sociedad, un rol que demanda no solo buenas prácticas generosas, sino de responsabilidad.

La responsabilidad de respetar los derechos humanos, tiene un objetivo: se puede generar ganancias por la iniciativa privada, pero ello no justifica la afectación de derecho de ninguna persona. De nadie. Podemos hablar de los derechos de los trabajadores al empleo digno, a no estar sometido a actos de discriminación, a que se cuide por su salud y seguridad en el ejercicio del empleo o su participación como miembro de un sindicato si así lo desea. Como podemos hablar de los pobladores que son vecinos del centro de operaciones de la empresa y que por estar cerca no tienen por qué estar afectados a su derecho al sano descanso y la paz. Ello por citar algunos ejemplos del ámbito de la gestión de los derechos humanos en las empresas.

El desayuno del 8 de mayo partió de una pregunta “¿Cuánto el Perú, en el ámbito empresarial y desde la perspectiva del Estado, está preparado para responder a las nuevas tendencias globales de regulación en las cadenas de suministro a las que hoy se les exige la gestión de Derechos Humanos?”

Y la respuesta podría decirse “en proceso”. Es un proceso progresivo, gradual, que muestra las múltiples diferencias existentes entre la gran empresa y las mipymes. Desde el Estado, el sector de Justicia y Derechos Humanos está completamente comprometido y muestra un liderazgo sostenido a través de la Dirección General de Derechos Humanos, pese a la carencia de recursos humanos y económicos asignados por el Gobierno Central. Y de parte del holding de las empresas del Estado –Fonafe, interés, involucramiento, pero aun mucho camino por recorrer, sobretodo en plasmar la Cultura de Respeto a los Derechos Humanos, uno de los lineamientos centrales el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. El IPEDHU considera esencial para que la debía diligencia en derechos humanos sea una realidad en las organizaciones privadas y públicas, fortalecer la cultura organizacional basada en el respeto a los derechos fundamentales.

En esta línea, gremios empresariales como CONFIEP, Sociedad Nacional de Minería, Petrolero y Electricidad -SNMPE, la asociación de agro exportadores del Perú -AGAP, así como Cámaras de Comercio regionales tales como Ica y Cajamarca, evidenciaron como están asumido un compromiso por la promoción de los derechos humanos en el entorno empresarial.

Dieron a conocer una serie de actividades que vienen llevando a cabo en cumplimiento del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021 – 2025, tales como el desarrollo de una agenda de trabajo que incluye capacitaciones, una gestión descentralizada de la agenda empresarial (Cajamarca), el desarrollo de herramientas para facilitar en las empresas su diagnóstico en torno a cómo vienen gestionando los derechos humanos, sobretodo en el caso de Ica con su matriz que cuenta con el acompañamiento técnico del IPEDHU; foros regionales, procesos de capacitación a empresas en alianza con la cooperación internacional (PNUD, CERALC, etc.)

Uno de los principales mensajes dirigidos por las empresas fue reconocer el desafío que implica la debida diligencia en la gestión de los derechos humanos, especialmente en lo concerniente a la informalidad y al trabajo infantil en la cadena de valor. Se resaltó la importancia de priorizar los impactos más relevantes, como el cumplimiento de normas en salud, seguridad ocupacional y derechos laborales. En este contexto, se subrayó la necesidad de construir políticas públicas basadas en evidencia, entendiendo los desafíos específicos que enfrenta el tejido empresarial peruano, particularmente en relación con la informalidad, ilegalidad e inseguridad. Se enfatizó que los derechos humanos deben ser garantizados para todos, independientemente del tamaño o sector de la empresa.

Por otro lado, la sociedad civil destacó la importancia de la cooperación internacional para el intercambio de conocimientos y la generación de herramientas de gestión efectivas en materia de derechos humanos e invitaron a participar a los diversos grupos de interés en todo el proceso de gestión de riesgos en materia de derechos humanos.

En conclusión, el encuentro evidenció el compromiso y la voluntad de los distintos actores por avanzar en la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. La demostración de buenas prácticas, retos y aprendizajes en este proceso reflejó una clara coherencia con las tendencias internacionales que viene impulsando estándares de actuación exigentes a las empresas sobre cumplimiento y garantía de respeto de derechos humanos y ambiente. El compromiso de las cámaras de comercio regionales como Ica y Cajamarca fueron interesantes en términos de buscar la mayor participación de actores, descentralización de sus propuestas y agendas de actuación que muestran que el proceso del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos está más vivo que nunca.