Ingreso libre a las universidades: más allá de las buenas intenciones

Recientemente, el presidente Pedro Castillo señaló que tiene listo para su envío al Congreso un proyecto de ley de acceso libre a las universidades para los jóvenes que terminan la secundaria. Dejando de lado el análisis político de esta iniciativa, es pertinente reflexionar sobre las consecuencias de esta medida en miles de estudiantes peruanos. Así, una primera pregunta a contestar es la siguiente: ¿Cuál es el propósito de exigir un examen de admisión para ingresar a una universidad?

Las universidades, tanto públicas como privadas, deben evaluar estrictamente a sus potenciales estudiantes para que cumplan con todos los requisitos para graduarse, lo que incluye aprobar los créditos académicos y que tengan una mayor predisposición a desarrollar habilidades que les permitan desenvolverse exitosamente en las empresas, tanto del sector público o privado. De no hacerlo con eficiencia, el prestigio de la casa de estudios se vería seriamente afectado, pues tendrían a egresados que no cumplen con lo que demandan las empresas e instituciones y su reputación se vería seriamente afectada, por más facilidades ofrezcan, tanto a nivel financiero como académico. ¿Qué padres mandarían a sus hijos a estudiar a una institución que no es bien catalogada por el mercado laboral? ¿Qué joven invertiría su tiempo y dinero en una universidad que no le ofrece una adecuada retribución al salir de sus aulas?

Los empleadores, sin importar el rubro e incluso el tamaño de la organización, contratan a los egresados que pasen el proceso de reclutamiento de la manera más exitosa. De esta forma, quienes tengan mayores atributos diferenciales (habilidades blandas, dominio de idiomas, dominio de ofimática, competencias digitales, red de contactos, entre otras características) serán los elegidos.

Un ingreso libre a las universidades es abrir las puertas a los estudiantes que provienen de diferentes escuelas o colegios y que pueden contar con un desnivel en sus estudios secundarios, más aún luego de dos años de pandemia en la que las brechas en educación se incrementaron producto de que menos del 80 % pudo retornar a las clases presenciales antes del 2022. Es así que, en el corto plazo, y de aprobarse esta medida, el impacto en el corto plazo se produciría en el desempeño estudiantil y en el largo plazo en el prestigio de las instituciones.

Una medida oportuna y con impacto inmediato podría ser revisar los procesos de admisión de las universidades públicas y que no se basen solo en aptitud verbal y lógica matemática. En esta línea, se podría replicar, en cierta medida, lo que ya hacen las universidades privadas: ingreso por quinto superior, revisión de expedientes, estudios de bachillerato, entre otros.

Otra opción es motivar y ayudar a los estudiantes que salen de las diferentes escuelas públicas a postular a las diferentes becas integrales y parciales que se otorgan a nivel global. Para ello es vital superar la barrera del segundo idioma y se necesita un mayor énfasis en la masificación de la enseñanzas en inglés.

Ya en el mediano y largo plazo, lo que se necesitaría es invertir en el sistema educativo para elevar su calidad, lo cual debería partir de una política de Estado. En conclusión, toda decisión que se tome próximamente debería favorecer la calidad de la educación en el país, tanto de los alumnos como de los docentes que tienen la gran responsabilidad de formarlos. Las decisiones populistas deberían dejarse de lado e incorporar aspectos técnicos que consideren las consecuencias en los próximos años, ya que podrían perjudicar el ya endeble mercado laboral nacional.